BOLIVIA:
La Marcha por el Territorio y la Dignidad (1990) traicionada por el 399 inciso I del Proyecto de la CPE (2008)
“Se ha declarado que en las comunidades NO tenemos tierra, por lo que pedimos territorio” reza una de las resoluciones de entre las decenas de documentos de los pueblos indígenas del Beni, que se encuentran en la Biblioteca de la ONG CIDEBBENI, en la ciudad de trinidad. TIERRA TERRITORIO Y DIGNIDAD, se leía en la tela del lienzo que recorrió junto a los pueblos indígenas del oriente en la histórica “Marcha por el Territorio y la Dignidad” de 1990. La marcha salió un miércoles 15 de agosto de 1990. Entre los líderes indígenas se encontraban tres mojeños: Marcial Fabricano, Ernesto Noe y Antonio Coseruna y un Sirionó, Tomás Ticuazu. En su ascenso al altiplano llegan a la población de Yolosa, lugar de encuentro con la Jerarquía de la Iglesia Católica y luego del Presidente Jaime Paz Zamora, todo su gabinete y el órgano legislativo, junto al comandante de las Fuerzas Armadas. El 17 de septiembre alcanzan el alto de la cumbre andina, lugar de encuentro y hermandad de los pueblos indígenas del oriente y occidente. Luego de arduos debates el 24 de septiembre el gobierno emite cuatro Decretos Supremos. Retornan a la ciudad de Trinidad, los indígenas del Beni el jueves 27 de septiembre, con el deber cumplido.
La resolución completa de la demanda indígena en San Lorenzo, río Sécure señala:
"Se ha declarado que en las comunidades NO tenemos tierra, por lo que pedimos territorio. No tenemos títulos de propiedad en campos de pastoreo, por lo que tenemos problemas con los estancieros. Tenemos problemas con nuestro monte con los comerciantes, con la tala de árboles gigantes de madera mara. Por lo tanto nosotros con todo el apoyo necesario de todos los representantes de las comunidades hacemos la declaratoria que queremos tener TERRITORIO para nuestra sobrevivencia nuestra de nuestros hijos y nietos. Estamos sufriendo mucho el avasallamiento de lo poco que nos queda de TERRITORIO en monte bajo (significa que no son territorios aptos para nada) Hacemos conocer a los señores de la Central de Cabildos Indigenales Mojeños como también a todas las instituciones benianas”1
La Marcha por el Territorio y la dignidad fue es el punto de inflexión y quizá momento Constitutivo del cambio que estamos viviendo. Esta marcha inauguró este proceso para que el movimiento indígena llegue al gobierno.
Evo Morales, fue el primer presidente que recordó este año (septiembre) la Marcha del 90, fue a Trinidad y hubo festejos, recordemos además que tanto el compañero Evo, como Álvaro, el día del acuerdo y días posteriores hicieron alusiones reconociendo que la marcha en cuestión fue el inició de lo que estamos viviendo.
Entonces, el TERRITORIO se constituirá en la demanda central de los pueblos indígenas del Beni. José Carlos Mariátegui, argumentaba que el problema indígena, estaba ligado al régimen de la propiedad agraria. Veamos:
"La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los gamonales (...) El problema agrario se presenta, ante todo, como el problema de la liquidación de la feudalidad en el Perú. Esta liquidación debía haber sido realizada ya por el régimen democrático burgués formalmente establecido por la revolución de la independencia. Pero en el Perú no hemos tenido en cien años de república, una verdadera clase capitalista. La antigua clase feudal camuflada o disfrazada de burguesía republicana, ha conservado sus posiciones"2
Lo señalado por Mariátegui, muestra que los procesos latinoamericanos, sobre todo los de la zona andina-amazónica, son similares. Estamos hablando de Perú, Ecuador y Bolivia.
Contextualizando el ámbito donde emerge el conflicto, que nos permitirá comprender mejor el proceso de movilización indígena, diremos que en el departamento del Beni, los ganaderos denominados carayanas3, son los que detentan sino es la totalidad, por lo menos el 90% de la superficie de pastizal natural. De esta manera “... junto con el poder económico que la ganadería les proporciona; detentan también el poder político.”4
Todo lo contrario ocurre en la población indígena. La actividad ganadera es en extremo exigua. Se localiza en superficies demasiada reducidas y sólo en algunas comunidades. Esto se debe a los escasos pastizales que disponen para la actividad ganadera ya que ésta requiere de grandes extensiones de territorio.5
Respecto al poder político, Hernán Ávila Montaño, muestra cómo, unas cuantas familias, son las que conforman las elites de poder en el municipio de San Ignacio de Moxos. Veamos: “En San Ignacio suman 69 alcaldes desde 1907. En aproximadamente cien años, hasta el año 2004, nunca ha existido en el gobierno municipal un alcalde indígena. Las alternancias en el poder local corresponden en su mayoría a ocho grupos de familias -Ruiz, Parada, Abularach, Antelo, Herrera, Rivero, Justiniano y Suárez- se han concentrado el poder y rotaron en el municipio."6
La base de este poder político, como se señaló arriba, se encuentra en la ganadería, “... como si fuera una determinación natural...”7 Que les otorga la propiedad de todo lo que existe en esta rica región de los Mojos.
Es decir, que el cimiento del poder político en el departamento del Beni, que les otorga la propiedad de todo lo que existe en esta rica región de los Mojos. Gracias a la comisión instaurada a iniciativa de Carlos Borht y Carlos Romero, se mantiene incólume en el Proyecto de la nueva Constitución Política del Estado. Por tanto, la histórica Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, sufrió un certero golpe en el corazón mismo de la demanda.
Intentar dar explicaciones, históricas coyunturales de parte del gobierno y del Movimiento al Socialismo, no tiene fundamento. El único criterio válido para argumentar o contra argumentar si la modificación fue de forma o de fondo del tema que estamos tratando, lo tenemos en el texto de la Nueva CPE.
¿Y que dice el texto? Veamos: “Artículo 399 I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley”8
Después de la lectura del texto, buscar cualquier explicación, es sufrir de miopía, astigmatismo o daltonismo. Pues el texto es contundente y prueba clara que el texto de Oruro fue afectado en el fondo. Entonces ¿De qué cambio estamos hablando? ¿Hay algún motivo de regocijo? Si lo hay, por supuesto NO es de parte nuestra, sino de Tuto Quiroga y afiliados.
Jhonny Lazo Zubieta
La Marcha por el Territorio y la Dignidad (1990) traicionada por el 399 inciso I del Proyecto de la CPE (2008)
“Se ha declarado que en las comunidades NO tenemos tierra, por lo que pedimos territorio” reza una de las resoluciones de entre las decenas de documentos de los pueblos indígenas del Beni, que se encuentran en la Biblioteca de la ONG CIDEBBENI, en la ciudad de trinidad. TIERRA TERRITORIO Y DIGNIDAD, se leía en la tela del lienzo que recorrió junto a los pueblos indígenas del oriente en la histórica “Marcha por el Territorio y la Dignidad” de 1990. La marcha salió un miércoles 15 de agosto de 1990. Entre los líderes indígenas se encontraban tres mojeños: Marcial Fabricano, Ernesto Noe y Antonio Coseruna y un Sirionó, Tomás Ticuazu. En su ascenso al altiplano llegan a la población de Yolosa, lugar de encuentro con la Jerarquía de la Iglesia Católica y luego del Presidente Jaime Paz Zamora, todo su gabinete y el órgano legislativo, junto al comandante de las Fuerzas Armadas. El 17 de septiembre alcanzan el alto de la cumbre andina, lugar de encuentro y hermandad de los pueblos indígenas del oriente y occidente. Luego de arduos debates el 24 de septiembre el gobierno emite cuatro Decretos Supremos. Retornan a la ciudad de Trinidad, los indígenas del Beni el jueves 27 de septiembre, con el deber cumplido.
La resolución completa de la demanda indígena en San Lorenzo, río Sécure señala:
"Se ha declarado que en las comunidades NO tenemos tierra, por lo que pedimos territorio. No tenemos títulos de propiedad en campos de pastoreo, por lo que tenemos problemas con los estancieros. Tenemos problemas con nuestro monte con los comerciantes, con la tala de árboles gigantes de madera mara. Por lo tanto nosotros con todo el apoyo necesario de todos los representantes de las comunidades hacemos la declaratoria que queremos tener TERRITORIO para nuestra sobrevivencia nuestra de nuestros hijos y nietos. Estamos sufriendo mucho el avasallamiento de lo poco que nos queda de TERRITORIO en monte bajo (significa que no son territorios aptos para nada) Hacemos conocer a los señores de la Central de Cabildos Indigenales Mojeños como también a todas las instituciones benianas”1
La Marcha por el Territorio y la dignidad fue es el punto de inflexión y quizá momento Constitutivo del cambio que estamos viviendo. Esta marcha inauguró este proceso para que el movimiento indígena llegue al gobierno.
Evo Morales, fue el primer presidente que recordó este año (septiembre) la Marcha del 90, fue a Trinidad y hubo festejos, recordemos además que tanto el compañero Evo, como Álvaro, el día del acuerdo y días posteriores hicieron alusiones reconociendo que la marcha en cuestión fue el inició de lo que estamos viviendo.
Entonces, el TERRITORIO se constituirá en la demanda central de los pueblos indígenas del Beni. José Carlos Mariátegui, argumentaba que el problema indígena, estaba ligado al régimen de la propiedad agraria. Veamos:
"La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los gamonales (...) El problema agrario se presenta, ante todo, como el problema de la liquidación de la feudalidad en el Perú. Esta liquidación debía haber sido realizada ya por el régimen democrático burgués formalmente establecido por la revolución de la independencia. Pero en el Perú no hemos tenido en cien años de república, una verdadera clase capitalista. La antigua clase feudal camuflada o disfrazada de burguesía republicana, ha conservado sus posiciones"2
Lo señalado por Mariátegui, muestra que los procesos latinoamericanos, sobre todo los de la zona andina-amazónica, son similares. Estamos hablando de Perú, Ecuador y Bolivia.
Contextualizando el ámbito donde emerge el conflicto, que nos permitirá comprender mejor el proceso de movilización indígena, diremos que en el departamento del Beni, los ganaderos denominados carayanas3, son los que detentan sino es la totalidad, por lo menos el 90% de la superficie de pastizal natural. De esta manera “... junto con el poder económico que la ganadería les proporciona; detentan también el poder político.”4
Todo lo contrario ocurre en la población indígena. La actividad ganadera es en extremo exigua. Se localiza en superficies demasiada reducidas y sólo en algunas comunidades. Esto se debe a los escasos pastizales que disponen para la actividad ganadera ya que ésta requiere de grandes extensiones de territorio.5
Respecto al poder político, Hernán Ávila Montaño, muestra cómo, unas cuantas familias, son las que conforman las elites de poder en el municipio de San Ignacio de Moxos. Veamos: “En San Ignacio suman 69 alcaldes desde 1907. En aproximadamente cien años, hasta el año 2004, nunca ha existido en el gobierno municipal un alcalde indígena. Las alternancias en el poder local corresponden en su mayoría a ocho grupos de familias -Ruiz, Parada, Abularach, Antelo, Herrera, Rivero, Justiniano y Suárez- se han concentrado el poder y rotaron en el municipio."6
La base de este poder político, como se señaló arriba, se encuentra en la ganadería, “... como si fuera una determinación natural...”7 Que les otorga la propiedad de todo lo que existe en esta rica región de los Mojos.
Es decir, que el cimiento del poder político en el departamento del Beni, que les otorga la propiedad de todo lo que existe en esta rica región de los Mojos. Gracias a la comisión instaurada a iniciativa de Carlos Borht y Carlos Romero, se mantiene incólume en el Proyecto de la nueva Constitución Política del Estado. Por tanto, la histórica Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, sufrió un certero golpe en el corazón mismo de la demanda.
Intentar dar explicaciones, históricas coyunturales de parte del gobierno y del Movimiento al Socialismo, no tiene fundamento. El único criterio válido para argumentar o contra argumentar si la modificación fue de forma o de fondo del tema que estamos tratando, lo tenemos en el texto de la Nueva CPE.
¿Y que dice el texto? Veamos: “Artículo 399 I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley”8
Después de la lectura del texto, buscar cualquier explicación, es sufrir de miopía, astigmatismo o daltonismo. Pues el texto es contundente y prueba clara que el texto de Oruro fue afectado en el fondo. Entonces ¿De qué cambio estamos hablando? ¿Hay algún motivo de regocijo? Si lo hay, por supuesto NO es de parte nuestra, sino de Tuto Quiroga y afiliados.
Jhonny Lazo Zubieta
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