El Deber 06 03 2011
Dominicus
Parto de una premisa elemental: los
gobernadores departamentales en Bolivia que han sido ungidos por el voto
popular merecen todo mi respeto. El voto es el voto. Quien ganó, tiene
esa indiscutible legitimidad.
Como en tantas otras cosas que terminaron beneficiando a todo el país,
Santa Cruz lideró el movimiento para lograr la elección por voto directo
de los prefectos, enterrando así para siempre el centralismo
absolutista que permitía sus nombramientos (o remoción) a voluntad y
capricho mediante simple decreto presidencial. Con la nueva Constitución
Política del Estado (CPE) se ‘aggiornó’ el calificativo de las
autoridades elegidas. Ahora son ‘gobernadores’, título más acorde con la
época, pero todavía lejos de la verdad verdadera.
¿Manda el gobernador a la Policía boliviana en su departamento? La
respuesta es un contundente ¡no! Aunque se hace la parodia del
‘reconocimiento’, sabido es que el mando policial se centraliza en La
Paz. El comandante policial en la región no mueve un dedo sin tener
previamente la venia del centralismo acerca de lo que le pida el
gobernador.
¿Tienen los gobernadores –como sucede en muchos otros lugares del mundo–
una Policía departamental propia? Otra vez un rotundo ¡no! Cualquier
tímido intento de querer formar una fuerza propia –aunque más no sea
para controles callejeros y de tránsito– se ha topado con un muro
impuesto por el centralismo. Es más, hubo acusaciones oficiales de
intentar crear ‘fuerzas paralelas’ y un sinfín de tonterías. El
centralismo no cede ni un milímetro en esta cuestión.
A todo esto, se habla de ‘autonomías’. ¿Qué autonomías? Hasta los
presupuestos de gobernadores y alcaldes están controlados mediante el
sistema Sigma que maneja el poder central. Basta apretar un botón
andinocentrista y ¡chau! No se puede retirar ni un peso para necesidades
locales…
Sin disponer de un mínimo de monopolio legítimo de la fuerza para
imponer sanciones y ordenar lo que corresponda, no sé qué poder efectivo
tienen los gobernadores, más allá del intrínseco poder moral otorgado
por los votantes. No mandan policías, no pueden crear una Policía propia
y sus fondos son controlados desde La Paz. O esto cambia o todo será
una burla.
Los gobernadores elegidos deberían tener un cónclave entre ellos y
hacerle un serio planteamiento al Gobierno central. Caso contrario,
mejor es que vuelvan a llamarse prefectos, ya que poco y nada gobiernan.
Una pena, pero así están las cosas.
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