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El Mundo, Sábado,
Marzo 20, 2010.
Cuando los pueblos del oriente se levantan reclamando sus
derechos, las autoridades del Gobierno central los acusan de separatistas,
dicen que están tratando de formar otro país y que discriminan a los
pueblos del Altiplano. En reiteradas oportunidades, hemos mencionados el
hecho de la marginación de que ha sido objeto el oriente, desde el
nacimiento mismo de la patria y los reclamos permanentes para que sus
derechos sean tomados en cuenta. El mismo mariscal Santa Cruz, tan admirada
en el occidente por su actitud integracionista, buscaba unir el país al
Perú, pues consideraba más importante fortalecer el acceso al océano, a
costa de la marginación de los pueblos orientales, lo que dio lugar a una
pugna permanente con el Gral. José Miguel de Velasco, quien más que
oponerse a las propuestas de Santa Cruz, lo que buscaba era que el oriente
sea tomado en cuenta e integrado a una nación en la que los cuatro
departamentos occidentales eran más importantes que el único que abarcaba
todo el oriente. Los reclamos del departamento de Santa Cruz llegaron hasta
el presente, en que el momento menos pensado resulta marginado de los
beneficios que alcanzan a otros departamentos y que en algún momento,
fueron compensados con el ofrecimiento de pago de regalías, derecho que tuvo
que costar vidas para ser hecho efectivo. El tema sale a colación en el
momento que el departamento de Potosí, a través de sus autoridades cívicas,
reacciona enérgicamente, ante la decisión de Gobierno de crear una empresa,
con sede en La Paz, para proceder a la explotación de los yacimientos de
litio. Esa es una muestra de que el centralismo no sólo margina a los
pueblos del oriente, sino que cuando hay beneficios de por medio, busca
fortalecerse para mantener en sus manos, no sólo el poder político, sino
también el poder económico, para manejar el país a su criterio y desde el
Palacio de Gobierno. El departamento de Potosí no sólo reclama sus
derechos, sino que apela a un acto de soberanía, para defender su derecho a
administrar la riqueza que se genera en su suelo, sin que por ello tenga
que seer tratado de separatista o de egoísta. Si el pueblo cruceño se ha
apoyado con firmeza en el pedido de un proceso de Autonomía departamental,
lo hizo precisamente en previsión de las actividades del Gobierno central
que radicado en un lugar cuya productividad es relativa, busca subvencionar
sus gastos a costa del esfuerzo de los demás, a los que en el mejor de los
casos, ofrece el pago de una proporción que no llegará nunca. Recordemos
que cuando se suscribió el último convenio con las empresas que explotaban
el petróleo, se aprobó una ley que establecía el pago de dividendos por la
explotación de los hidrocarburos. Hoy todos los distritos del país
protestan por la constante disminución de los ingresos por el Impuesto
Directo a los Hidrocarburos IDH que en la práctica se han convertido en la
fuente para financiar los bonos Juancito Pinto, Dignidad, Juana Azurduy y
otros que son parte de la campaña proselitista del Gobierno y que han
disminuido los ingresos de los distintos lugares del país. Si la Ley de
Participación Popular, en su momento, sirvió para beneficiar a las pequeñas
poblaciones, la nueva política económica los volverá más pobres, para poder
mantener una burocracia gubernamental que no tiene control.
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