INFORME DE PANDO
Crisis Política y Social en Bolivia
UnoAmérica
Comisión Especial de Derechos Humanos
Colombia, junio de 2009
Organizaciones y personalidades que suscriben el presente informe
-Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (AFAVIT) — Perú
-Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana (AVCG)
-Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay
-Federación Verdad Colombia
-Fundación Orión — Venezuela
-Movimiento por la Verdadera Historia — Argentina
-ONG 1810 — Argentina
-Asociación Civil Fuerza Solidaria — Venezuela
-Dr. Wálter Arrazola Mendivil — Diputado Nacional — Bolivia
-Dra. Graça Salgueiro — Brasil
-Dra. María Fernanda Cabal — Colombia
-Dr. Marcelo Cypriano Motta — Brasil
-Sr. Josué Meneses Huayra — Perú
Abogado responsable de redactar la acusación
Dr. Jaime Arturo Restrepo Restrepo — Defensor de Derechos Humanos — Colombia
ÍNDICE
Nota aclaratoria
1. Introducción
2. Antecedentes
3. La primera “oleada”: Cochabamba
4. La segunda “oleada”: Los cercos al Congreso
5. La tercera “oleada”: Una Constitución teñida de sangre
6. Los referendos del año 2008
7. El “desempate” en Pando: Cronología de una agresión
8. Conclusión
9. Anexo: Personas afectadas por violaciones a derechos humanos
Nota aclaratoria
UnoAmérica elaboró un informe sobre los hechos de agresión y violencia
suscitados en Pando en septiembre de 2008. Está redactado en forma de
acusación, utilizando los términos jurídicos que corresponden a un caso penal,
para ser introducido en los tribunales internacionales.
El informe está acompañado de numerosos recaudos probatorios, entre
ellos los testimonios de testigos presenciales de los hechos, refrendados con su
huella digital; así como numerosos videos caseros o amateur.
El documento que se presenta a continuación es un resumen del informe
original, redactado con un lenguaje más sencillo, para ser publicado y difundido al
público en general.
Contiene información suficiente para demostrar la responsabilidad del
gobierno de Evo Morales en la llamada masacre de Pando. Sin embargo, de
requerirse, UnoAmérica queda a la orden de los lectores para suministrar
elementos adicionales.
1. Introducción
A partir del 11 de septiembre de 2008, se suscitaron en las localidades de
El Porvenir y Cobija, ubicadas en la provincia de Pando, una serie de hechos de
agresión, que culminaron con saldo de numerosos muertos, heridos, secuestrados
y exilados.
El gobierno boliviano culpó a los factores de oposición de la violencia,
particularmente al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien hasta la fecha
permanece en la cárcel.
Posteriormente, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, designó
una Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos de Pando, presidida por el
subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, Rodolfo Mattarollo, la cual
produjo un informe que avaló totalmente las actuaciones del gobierno boliviano y
responsabilizó al prefecto Fernández de la violencia.
El informe generó abundantes críticas en Bolivia, en buena medida por la
trayectoria de Mattarollo, quien fue fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP) y quien en el pasado estuvo involucrado en no pocos actos terroristas.
Además, el informe presentaba bastantes imprecisiones, omisiones,
inconsistencias y falsedades.
Dadas las discrepancias y sospechas sobre lo ocurrido, la Unión de
Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, decidió, desde principios
del año 2009, elaborar un informe independiente sobre los hechos de Pando,
enviando para tal fin a representantes de organizaciones no gubernamentales
(ONGs) de derechos humanos, provenientes de Argentina, Colombia, Uruguay y
Venezuela.
Los delegados internacionales arribaron a Santa Cruz de la Sierra el 25 de
marzo de 2009. Les tomó cinco días levantar un informe de campo, con datos
recabados en Santa Cruz, La Paz y en el propio departamento de Pando. Se
tomaron declaraciones a testigos presenciales de los hechos, quienes relataron de
forma conmovedora lo sucedido, responsabilizando a personeros del gobierno y
miembros del partido oficialista MAS de haber provocado las agresiones contra los
habitantes de las Municipalidades de El Porvenir y de Cobija, y de haber violando
flagrantemente sus derechos humanos.
Llama la atención que, durante su estadía en Bolivia, los delegados
internacionales de UnoAmérica fueron seguidos y hostigados por quienes se
presume eran funcionarios de inteligencia, lo cual los obligó a tomar medidas de
seguridad, entre ellas —en el caso de quienes se encontraban en Pando—
trasladarse a territorio brasileño para pernoctar.
El 30 de marzo, los activistas de derechos
humanos ofrecieron una rueda de prensa en
Santa Cruz, informando sobre los resultados
preliminares de su investigación. Las pruebas
recabadas eran incontestables: el gobierno de
Evo Morales había planificado y ejecutado los
hechos de violencia.
Vale la pena destacar que, a partir de ese
momento y hasta la fecha, UnoAmérica ha sido
objeto de una feroz campaña de desprestigio,
basada en calumnias y mentiras, orquestada por
medios de comunicación vinculados
ideológicamente al gobierno boliviano e, incluso,
al propio Rodolfo Mattarollo, entre ellos, el diario argentino Página 12.
La campaña incluye la criminalización de quienes elaboraron el informe de
Pando, vinculándolos —sin presentar prueba alguna— a bizarras conspiraciones y
a presuntos golpes de Estado. Creemos que tales acusaciones no hacen sino
comprobar la culpabilidad de quienes aparecen señalados en este informe como
los verdaderos responsables —y/o encubridores— de la masacre de Pando.
Alejandro Peña Esclusa
Presidente de UnoAmérica
www.unoamerica.org
Evo Morales
Presidente de Bolivia
2. Antecedentes
Para poder comprender los hechos sucedidos en Pando en septiembre del
año 2008, es necesario conocer los antecedentes de la crisis política y social que
se vivió y se vive todavía en Bolivia coincidente con la llegada al poder de Evo
Morales.
La división geográfica, cultural y regional, son factores a ser tomados en
cuenta para poder comprender las dos visiones distintas de país que existen en
Bolivia. La geografía electoral y la composición regional del poder son otros
factores que deben tenerse en cuenta.
Bolivia esta divida entre occidente y oriente, la primera ubicada en los
Andes, mayoritariamente indígena —Aymara/Quechua— y la otra mestiza, con
apenas diez por ciento de indígenas “puros” pertenecientes a treinta y tres
diferentes etnias.
A los Andes del occidente les corresponde un tercio de la geografía de
Bolivia, pero contienen aproximadamente dos tercios de la población votante;
Mientras que el oriente —denominado Media Luna— abarca dos tercios del
territorio boliviano, pero sólo cuenta con un tercio del electorado. Sin embargo, el
oriente de Bolivia aporta más de la mitad del PIB nacional.
Las elecciones presidenciales bolivianas se llevaron a cabo el 18 de
diciembre de 2005. Los resultados finales otorgaron el triunfo a Evo Morales, con
cerca de 54% de votos a favor. Estas elecciones pasarán a la historia por haber
marcado el inicio de la Elección de Prefectos Departamentales mediante el voto
directo, puesto que antes eran designados directamente por el Presidente de la
República.
Pero si bien Evo Morales obtuvo la mayoría a nivel nacional, los resultados
regionales reflejaron un país seriamente dividido. El Movimiento al Socialismo
(MAS) perdió en la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), es decir, en los
denominados departamentos “autonomistas“, que históricamente han buscado la
descentralización administrativa, la cual ha sido lamentablemente postergada en
Bolivia, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, que sí han modernizado
su gestión administrativa mediante la descentralización.
En estos cuatro departamentos, la población eligió prefectos que estaban
en la línea opositora a Evo Morales, al igual que sucedió en Cochabamba e,
incluso, en La Paz. Paradójicamente, el partido de Evo Morales —Movimiento al
Socialismo— logró controlar solamente tres prefecturas. En cuanto al Congreso, el
MAS obtuvo mayoría simple en la Cámara de Diputados; pero quedó en situación
minoritaria en el Senado, faltándole sólo tres votos para lograr mayoría simple.
“Hemos llegado al gobierno, pero todavía no tenemos el poder” dijo el
Presidente Morales en uno de sus discursos, dejando deslizar con esta frase que
pretendía modificar las reglas del juego democrático para promover un proyecto
diferente.
El pilar fundamental del cambio ha sido, sin duda, la elaboración de una
nueva Constitución, como también lo ha sido en Venezuela y Ecuador, países
enmarcados, como lo está Bolivia, dentro del denominado Socialismo del Siglo
XXI.
El informe de lo ocurrido en la Bolivia gobernada por Evo Morales, no
podría dar cuenta de las causas y desencadenantes de los hechos de violencia sin
tomar en cuenta el proyecto de país que se planteó implementar Morales desde su
arribo a la presidencia.
Surge la interrogante, ¿A qué costo Evo Morales estaría dispuesto a
conseguir las reformas que le permitirían un país diseñado bajo el modelo del
Socialismo del Siglo XXI?
Empate Catastrófico y el punto de bifurcación
El Vicepresidente de
Bolivia, Álvaro García Linera,
respondió claramente a esta
interrogante en un revelador
discurso que dio en la Escuela de
Pensamiento Comuna el 17 de
diciembre de 2007, titulado
Empate catastrófico y punto de
bifurcación.
Crisis Política y Social en Bolivia
UnoAmérica
Comisión Especial de Derechos Humanos
Colombia, junio de 2009
Organizaciones y personalidades que suscriben el presente informe
-Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (AFAVIT) — Perú
-Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana (AVCG)
-Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay
-Federación Verdad Colombia
-Fundación Orión — Venezuela
-Movimiento por la Verdadera Historia — Argentina
-ONG 1810 — Argentina
-Asociación Civil Fuerza Solidaria — Venezuela
-Dr. Wálter Arrazola Mendivil — Diputado Nacional — Bolivia
-Dra. Graça Salgueiro — Brasil
-Dra. María Fernanda Cabal — Colombia
-Dr. Marcelo Cypriano Motta — Brasil
-Sr. Josué Meneses Huayra — Perú
Abogado responsable de redactar la acusación
Dr. Jaime Arturo Restrepo Restrepo — Defensor de Derechos Humanos — Colombia
ÍNDICE
Nota aclaratoria
1. Introducción
2. Antecedentes
3. La primera “oleada”: Cochabamba
4. La segunda “oleada”: Los cercos al Congreso
5. La tercera “oleada”: Una Constitución teñida de sangre
6. Los referendos del año 2008
7. El “desempate” en Pando: Cronología de una agresión
8. Conclusión
9. Anexo: Personas afectadas por violaciones a derechos humanos
Nota aclaratoria
UnoAmérica elaboró un informe sobre los hechos de agresión y violencia
suscitados en Pando en septiembre de 2008. Está redactado en forma de
acusación, utilizando los términos jurídicos que corresponden a un caso penal,
para ser introducido en los tribunales internacionales.
El informe está acompañado de numerosos recaudos probatorios, entre
ellos los testimonios de testigos presenciales de los hechos, refrendados con su
huella digital; así como numerosos videos caseros o amateur.
El documento que se presenta a continuación es un resumen del informe
original, redactado con un lenguaje más sencillo, para ser publicado y difundido al
público en general.
Contiene información suficiente para demostrar la responsabilidad del
gobierno de Evo Morales en la llamada masacre de Pando. Sin embargo, de
requerirse, UnoAmérica queda a la orden de los lectores para suministrar
elementos adicionales.
1. Introducción
A partir del 11 de septiembre de 2008, se suscitaron en las localidades de
El Porvenir y Cobija, ubicadas en la provincia de Pando, una serie de hechos de
agresión, que culminaron con saldo de numerosos muertos, heridos, secuestrados
y exilados.
El gobierno boliviano culpó a los factores de oposición de la violencia,
particularmente al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien hasta la fecha
permanece en la cárcel.
Posteriormente, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, designó
una Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos de Pando, presidida por el
subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, Rodolfo Mattarollo, la cual
produjo un informe que avaló totalmente las actuaciones del gobierno boliviano y
responsabilizó al prefecto Fernández de la violencia.
El informe generó abundantes críticas en Bolivia, en buena medida por la
trayectoria de Mattarollo, quien fue fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP) y quien en el pasado estuvo involucrado en no pocos actos terroristas.
Además, el informe presentaba bastantes imprecisiones, omisiones,
inconsistencias y falsedades.
Dadas las discrepancias y sospechas sobre lo ocurrido, la Unión de
Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, decidió, desde principios
del año 2009, elaborar un informe independiente sobre los hechos de Pando,
enviando para tal fin a representantes de organizaciones no gubernamentales
(ONGs) de derechos humanos, provenientes de Argentina, Colombia, Uruguay y
Venezuela.
Los delegados internacionales arribaron a Santa Cruz de la Sierra el 25 de
marzo de 2009. Les tomó cinco días levantar un informe de campo, con datos
recabados en Santa Cruz, La Paz y en el propio departamento de Pando. Se
tomaron declaraciones a testigos presenciales de los hechos, quienes relataron de
forma conmovedora lo sucedido, responsabilizando a personeros del gobierno y
miembros del partido oficialista MAS de haber provocado las agresiones contra los
habitantes de las Municipalidades de El Porvenir y de Cobija, y de haber violando
flagrantemente sus derechos humanos.
Llama la atención que, durante su estadía en Bolivia, los delegados
internacionales de UnoAmérica fueron seguidos y hostigados por quienes se
presume eran funcionarios de inteligencia, lo cual los obligó a tomar medidas de
seguridad, entre ellas —en el caso de quienes se encontraban en Pando—
trasladarse a territorio brasileño para pernoctar.
El 30 de marzo, los activistas de derechos
humanos ofrecieron una rueda de prensa en
Santa Cruz, informando sobre los resultados
preliminares de su investigación. Las pruebas
recabadas eran incontestables: el gobierno de
Evo Morales había planificado y ejecutado los
hechos de violencia.
Vale la pena destacar que, a partir de ese
momento y hasta la fecha, UnoAmérica ha sido
objeto de una feroz campaña de desprestigio,
basada en calumnias y mentiras, orquestada por
medios de comunicación vinculados
ideológicamente al gobierno boliviano e, incluso,
al propio Rodolfo Mattarollo, entre ellos, el diario argentino Página 12.
La campaña incluye la criminalización de quienes elaboraron el informe de
Pando, vinculándolos —sin presentar prueba alguna— a bizarras conspiraciones y
a presuntos golpes de Estado. Creemos que tales acusaciones no hacen sino
comprobar la culpabilidad de quienes aparecen señalados en este informe como
los verdaderos responsables —y/o encubridores— de la masacre de Pando.
Alejandro Peña Esclusa
Presidente de UnoAmérica
www.unoamerica.org
Evo Morales
Presidente de Bolivia
2. Antecedentes
Para poder comprender los hechos sucedidos en Pando en septiembre del
año 2008, es necesario conocer los antecedentes de la crisis política y social que
se vivió y se vive todavía en Bolivia coincidente con la llegada al poder de Evo
Morales.
La división geográfica, cultural y regional, son factores a ser tomados en
cuenta para poder comprender las dos visiones distintas de país que existen en
Bolivia. La geografía electoral y la composición regional del poder son otros
factores que deben tenerse en cuenta.
Bolivia esta divida entre occidente y oriente, la primera ubicada en los
Andes, mayoritariamente indígena —Aymara/Quechua— y la otra mestiza, con
apenas diez por ciento de indígenas “puros” pertenecientes a treinta y tres
diferentes etnias.
A los Andes del occidente les corresponde un tercio de la geografía de
Bolivia, pero contienen aproximadamente dos tercios de la población votante;
Mientras que el oriente —denominado Media Luna— abarca dos tercios del
territorio boliviano, pero sólo cuenta con un tercio del electorado. Sin embargo, el
oriente de Bolivia aporta más de la mitad del PIB nacional.
Las elecciones presidenciales bolivianas se llevaron a cabo el 18 de
diciembre de 2005. Los resultados finales otorgaron el triunfo a Evo Morales, con
cerca de 54% de votos a favor. Estas elecciones pasarán a la historia por haber
marcado el inicio de la Elección de Prefectos Departamentales mediante el voto
directo, puesto que antes eran designados directamente por el Presidente de la
República.
Pero si bien Evo Morales obtuvo la mayoría a nivel nacional, los resultados
regionales reflejaron un país seriamente dividido. El Movimiento al Socialismo
(MAS) perdió en la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), es decir, en los
denominados departamentos “autonomistas“, que históricamente han buscado la
descentralización administrativa, la cual ha sido lamentablemente postergada en
Bolivia, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, que sí han modernizado
su gestión administrativa mediante la descentralización.
En estos cuatro departamentos, la población eligió prefectos que estaban
en la línea opositora a Evo Morales, al igual que sucedió en Cochabamba e,
incluso, en La Paz. Paradójicamente, el partido de Evo Morales —Movimiento al
Socialismo— logró controlar solamente tres prefecturas. En cuanto al Congreso, el
MAS obtuvo mayoría simple en la Cámara de Diputados; pero quedó en situación
minoritaria en el Senado, faltándole sólo tres votos para lograr mayoría simple.
“Hemos llegado al gobierno, pero todavía no tenemos el poder” dijo el
Presidente Morales en uno de sus discursos, dejando deslizar con esta frase que
pretendía modificar las reglas del juego democrático para promover un proyecto
diferente.
El pilar fundamental del cambio ha sido, sin duda, la elaboración de una
nueva Constitución, como también lo ha sido en Venezuela y Ecuador, países
enmarcados, como lo está Bolivia, dentro del denominado Socialismo del Siglo
XXI.
El informe de lo ocurrido en la Bolivia gobernada por Evo Morales, no
podría dar cuenta de las causas y desencadenantes de los hechos de violencia sin
tomar en cuenta el proyecto de país que se planteó implementar Morales desde su
arribo a la presidencia.
Surge la interrogante, ¿A qué costo Evo Morales estaría dispuesto a
conseguir las reformas que le permitirían un país diseñado bajo el modelo del
Socialismo del Siglo XXI?
Empate Catastrófico y el punto de bifurcación
El Vicepresidente de
Bolivia, Álvaro García Linera,
respondió claramente a esta
interrogante en un revelador
discurso que dio en la Escuela de
Pensamiento Comuna el 17 de
diciembre de 2007, titulado
Empate catastrófico y punto de
bifurcación.
Álvaro García (izq.) junto a Evo Morales (der.)
En su discurso, García Linera planteó que Bolivia estaba desgarrada entre
dos visiones distintas de país, una de corte neoliberal y otra revolucionaria. Cada
visión respaldada por una considerable porción de la población, con poder propio y
mecanismos de presión. Tarde o temprano, asegura García Linera, se produce
una confrontación entre ambas visiones, pero solo una de ellas vence.
“El empate catastrófico es una etapa de la crisis de Estado… un momento
estructural, que se caracteriza por tres cosas: confrontación de dos proyectos
políticos nacionales de país, dos horizontes de país con capacidad de
movilización, de atracción y de seducción de fuerzas sociales; confrontación en el
ámbito institucional —puede ser en el ámbito parlamentario y también en el
social— de dos bloques sociales conformados con voluntad y ambición de poder,
el bloque dominante y el social ascendente; y en tercer lugar, una parálisis del
mando estatal y la irresolución de la parálisis. Este empate puede durar semanas,
meses, años; pero llega un momento en que tiene que producirse un desempate,
una salida…”.
“La salida al empate catastrófico sería la tercera etapa de la crisis del
Estado que la vamos a denominar construcción hegemónica ascendente. Está
marcada por la conflictividad y, por lo general, se da por oleadas. Los textos de
Marx, sobre la crisis política de 1848 a 1849, son muy ilustrativos de esa idea de
conflictividad por oleadas, que van y vienen: estabilidad, conflictividad, estabilidad,
conflictividad…”.
“Esta crisis, obligatoriamente, tiene que acabar en algún momento, ninguna
sociedad vive permanentemente ni en movilizaciones (la creencia del anarquismo)
ni permanentemente en estabilidad (la creencia del cristianismo). Puede haber
inestabilidades, luchas, pero en algún momento tiene que consolidarse una
estructura de orden que va a seguir teniendo conflictividades internas, por
supuesto, pero luego, se va a poder decir: A partir de este momento, tenemos un
neoliberalismo reconstituido o tenemos un Estado nacional, indígena, popular,
revolucionario. A ese momento histórico, preciso, fechable, le hemos puesto el
nombre de punto de bifurcación…”.
“Un punto de bifurcación inevitablemente es un momento de fuerza… es un
momento en que la política, en verdad, deviene en la continuación de la guerra por
otros medios. Es un momento en que Nietzsche y Foucault tienen razón. Un punto
de bifurcación es, en el fondo, un hecho de fuerza en la medición práctica de las
cosas. Es un hecho de liderazgo, de hegemonía en el sentido gramsciano del
término, de liderazgo moral sobre el resto de la sociedad…”.
“En el caso de Bolivia, pareciera ser que nos estamos acercando al punto
de bifurcación, es cuestión, tal vez, de meses o de días, es meramente intuición
reflexiva, pero no se puede atrasar mucho más…”.
“¿Qué más puede pasar en los siguientes días? Una contraofensiva
territorial en dos dimensiones, que de hecho ya está sucediendo. Es probable que
en alguno de esos momentos se ponga a prueba la capacidad de disuasión del
nuevo bloque social de poder y esto hará que se visibilice su capacidad de
decisión, a partir de su capacidad de movilización social a nivel nacional, a nivel
departamental y, fundamentalmente, a nivel regional; y será evidente en la
capacidad de mantener el mando, el control y el cumplimiento de las estructuras
de coerción legítima que tiene el Estado, vale decir, Policía Nacional y Fuerzas
Armadas.” 1
Nótese que García Linera no contempla el diálogo y la convivencia entre
esas dos visiones, como debería ocurrir normalmente en un sistema democrático,
en el que todos los ciudadanos tienen el derecho a pensar y a opinar según su
propio criterio, sino que plantea una confrontación, en la que, indefectible e
inexorablemente, debe haber un ganador y un perdedor. Plantea la imposición de
una visión sobre otra y, de ser necesario, por medio de hechos de fuerza… “un
momento en que la política deviene en la continuación de la guerra por otros
medios“.
Esta no es la visión personal del Vicepresidente, sino una política de
Estado, compartida por todos los integrantes del Alto Gobierno, quienes en
diversas oportunidades han expresado posiciones parecidas a las de García
Linera, al considerar a los adversarios políticos, como “enemigos“, a los cuales
1 García Linera, Álvaro. “Empate catastrófico y punto de bifurcación”. Disertación en la Escuela de
pensamiento Comuna, 17 de diciembre de 2007. Disponible en
http://www.forumdesalternatives.org/ES/readarticle.php?article_id=4844
hay que vencer y doblegar. Se trata, sin duda, de una concepción distinta —y
opuesta— a la que normalmente prevalece en una democracia.
Considerados retrospectivamente, los hechos de violencia suscitados en
Pando constituyen la confirmación en la práctica de los planteamientos teóricos de
García Linera. Podría incluso afirmarse que el gobierno buscaba y hasta deseaba
una confrontación, para lograr el tan ansiado “punto de bifurcación” que permitiría
dejar atrás el “empate catastrófico”.
Pando no fue el único “punto de bifurcación”, pero sí probablemente el más
importante, porque sirvió para imponer la supremacía de la visión oficialista por
encima de la visión de los demás sectores. Antes de Pando, hubo una serie de
confrontaciones similares, que podrían describirse —usando los mismo términos
de García Linera— como “oleadas” de conflictividad seguidas de estabilidad.
3. La primera “oleada”: Cochabamba
En las elecciones generales de 2005, en Cochabamba se produjo un voto
“cruzado”; si bien Evo Morales obtuvo la mayoría en ese departamento, la
oposición ganó la prefectura, que recayó en manos de Manfred Reyes Villa.
Los primeros roces entre el gobierno central y el regional comenzaron a raíz
de la decisión de Reyes Villa de promover la autonomía. Como consecuencia, la
Confederación de Campesinos, dirigida por partidarios del MAS, pidió la renuncia
del Prefecto. A esta demanda se sumaron los dirigentes de la Central Obrera
Departamental de Cochabamba, afines al oficialismo; así como los pobladores del
Trópico, cuyos residentes son cocaleros y, por tanto, partidarios de Morales.
La crisis se acentuó a finales del año 2006, porque Reyes Villa se sumó
públicamente al clamor de cinco prefectos, quienes pedían que cualquier norma
dentro de la Asamblea Constituyente se aprobase tal como estaba planteada en la
Ley de Convocatoria, es decir, con dos terceras partes de los votos, y no con
mayoría simple, como exigía el MAS.
La población de Cochabamba comenzó a realizar movilizaciones en apoyo
a los dos tercios, es decir, en apoyo a la Ley. En respuesta, en enero 2007, el
MAS movilizó a decenas de miles de cocaleros para tomar por asalto la ciudad de
Cochabamba, con el objetivo expreso de deponer al Prefecto.
El 3 de enero de 2007, la Central Obrera Departamental y otras
organizaciones afines al gobierno de Morales, instalaron una vigilia frente a las
oficinas de la Prefectura, ubicadas en la Plaza 14 de Septiembre, en el centro de
la ciudad de Cochabamba. El senador oficialista, Omar Fernández, hizo un
llamado abierto en dicha plaza, instando a las masas cocaleras-campesinas a
tomar por asalto a la Prefectura y a derrocar a Reyes Villa.
El 8 de enero de 2007, los movimientos afines al MAS quemaron parte de la
fachada y algunas de las oficinas al interior de la Prefectura. Los intentos de
diálogo fueron vanos. Efectivos de la policía intentaron resolver la situación, pero
no lograron desalojar a los sitiadores. Las imágenes de violencia registradas por
los medios, muestran a la actual Ministra de Justicia, Celima Torrico,
acompañando a los masistas en la quema de la Prefectura de Cochabamba.
El 10 de enero de 2007, los cochabambinos realizaron una concentración
en la Plaza de las Banderas, exigiendo el derecho al trabajo y al libre tránsito,
puesto que en la ciudad no se podía transitar ni trabajar normalmente. Los
movimientos afines al MAS habían cercado la ciudad y cerrado las vías de acceso
al departamento. Los masistas decidieron desplazarse hacia la misma plaza.
Finalmente, y como era de esperarse, el 11 de enero de 2007 se produjo un
enfrentamiento entre citadinos contra campesinos, cívicos contra cocaleros 2.
Como consecuencia, murieron tres personas: Juan Ticacolque y Lucio Ticacolque,
del sector campesino cocalero (muertes que no han sido investigadas, puesto que
los campesinos impidieron que se realizaran las necropsias y otras pruebas). Por
el sector cívico falleció de forma cruenta —a machetazos— y luego fue colgado de
un árbol, el menor de diecisiete años Christian Urresti Ferrel, a quien se lo arrastró
para ser torturado, puesto que ya estaba herido y caído, pero aún con vida.
La policía sólo contaba con cuatrocientos efectivos para contener miles de
personas enfrentadas. Las Fuerzas Armadas no atendieron el pedido de la policía
de colaborar con el reestablecimiento del orden público. Además de los tres
muertos, hubo más de doscientos heridos. El enfrentamiento pudo haber sido
evitado, pero el gobierno nacional no hizo nada para impedirlo.
Esta “primera oleada” en Cochabamba finalizó el 12 de enero, cuando Evo
Morales salió públicamente a contener a sus seguidores. El 16 de enero, los
sectores campesinos cocaleros se replegaron a sus lugares de residencia fuera de
la ciudad, dejando al Consejo Departamental, órgano legislativo de la Prefectura,
la solución del conflicto.
El 11 de enero de 2007 fue sólo el preludio de los episodios de violencia
que, con características similares, se suscitaron poco después en Sucre, Santa
Cruz, Tarija y Pando.
2 http://www.youtube.com/watch?v=UrYBOjcv7Hs&feature=related y
http://www.youtube.com/watch?v=dC8tI8MYjdg&feature=related
4. La segunda “oleada”: Los cercos al Congreso
Al igual que Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales planteó como uno de
sus principales proyectos la elaboración de una nueva Constitución Política del
Estado (CPE). Para tal fin, el 2 de julio del 2006 se eligieron los diputados a la
Asamblea Constituyente, quienes tenían como misión la redacción de la nueva
Carta Magna, la cual debía ser aprobada —como estaba establecido en la
convocatoria— por dos tercios de los votos.
El Movimiento al Socialismo contaba con una mayoría simple en la
Asamblea, pero no alcanzaba a tener mayoría calificada —es decir, los dos
tercios— por lo cual desde el inicio de las deliberaciones trató de modificar el
reglamento de debates, para intentar aprobar los artículos de la Constitución
por mayoría simple.
La Asamblea Constituyente dedicó ocho meses a discutir los términos
del reglamento de debates, dejando a un lado la redacción de la CPE. La
oposición denunció que el MAS quería imponer la Carta Magna por mayoría
simple porque tenía una versión ya elaborada (con apoyo de asesores
extranjeros), que no contemplaba las propuestas y aportes de los demás
sectores. Según los opositores, el MAS se negaba a discutir temas como el de
la capitalidad (ubicación de la capital del país) y la autonomía de las regiones.
Este aspecto del “empate catastrófico“ dentro de la Asamblea, dio origen a
una serie de movilizaciones opositoras en todo el país (marchas, huelgas, paros,
etc.), para hacer respetar los términos de la convocatoria a la Constituyente,
particularmente la obligatoriedad de ser aprobada por mayoría calificada. Por su
parte, el MAS recurrió a presiones de otro tipo, basadas en cercos a la Asamblea,
para forzar la aprobación de su proyecto con mayoría simple.
El propio presidente Evo Morales —junto con todo el Alto Gobierno—
promovió abiertamente varios cercos al Congreso, alegando que la oposición
estaba obstaculizando lo que, según él, era la voluntad popular. El objetivo de los
cercos era presionar a los parlamentarios, para que aprobasen las propuestas del
MAS, particularmente la abrogación de los dos tercios.
El 29 de noviembre de 2006, los grupos afines al MAS impidieron el ingreso
de los parlamentarios de oposición al Congreso Nacional, puesto que no
terminaban de aprobar una serie de leyes propuestas por el oficialismo, entre
ellas, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, así como
cuarenta y cuatro contratos petroleros y la validación de un acuerdo de
cooperación militar con Venezuela. El oficialismo habilitó —unilateralmente— a
dos senadores suplentes de la oposición para así poder lograr la aprobación.
Un año más tarde, el 26 de noviembre de 2007, Evo Morales encabezó una
marcha hacia la sede del Congreso, protagonizada por los denominados
“movimientos sociales”, en protesta contra el Senado, acusándolo de sabotear la
aprobación de las leyes que su gobierno identificaba como “propiciadoras del
cambio“. Al día siguiente, miles de jubilados y rentistas, cooperativistas, cocaleros,
campesinos y sectores sociales de El Alto, llegaron al Congreso para exigir la
modificación de la ley que regulaba las sesiones de la Asamblea Constituyente
(querían eliminar los dos tercios) y la reducción de los fondos del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH), que benefician a los departamentos y municipios (el
IDH es indispensable para que las autonomías cuenten con alguna viabilidad).
Como consecuencia de la presión y las amenazas a la integridad física de los
parlamentarios, el Congreso aprobó todas las leyes mencionadas, sin debate, sin
consenso, y sin ejercicio real de la democracia.
Cercos similares ocurrieron en el año 2007 en la ciudad de Sucre, lugar
oficial en el que sesionaba la Asamblea Constituyente, para forzar la aprobación
de la Constitución en los términos que exigía el Movimiento al Socialismo (ver
próximo capítulo).
Durante el año 2008, la estrategia de los cercos al Congreso continuó, esta
vez para exigir la promulgación de la Ley de Convocatoria al Referéndum para la
nueva Constitución Política del Estado, cuyo texto había sido aprobado de manera
irregular en diciembre de 2007, en la ciudad de Oruro.
El 26 de febrero, los denominados movimientos sociales se apostaron en
las afueras del Parlamento Nacional. Entre ellos había campesinos afines al MAS
y milicias indígenas pertenecientes a los llamados “ponchos rojos”, caracterizados
por su tendencia irracional y violenta.
Dos días más tarde, los oficialistas agredieron a dos diputadas opositoras.
“Mujeres y hombres que cercaron el Congreso ayer escupieron y golpearon a dos
parlamentarias que trataron de participar en la sesión” tituló el diario La Razón al
día siguiente.
“Me golpearon con un casco de minero por la espalda, me escupieron todo
lo que quisieron, me botaron con platos de comida, me patearon y, lo peor de
todo, frente a la Policía”, relató la Diputada Ninoska Lazarte. La congresista contó
que las mujeres masistas la empujaban hacia la plaza, donde estaba la turba, pero
los periodistas y algunas personas le ayudaron a salir. “Si no hubieran estado los
periodistas, me linchaban”, declaró la diputada Lazarte. “Temo por mi vida… Lo
que pase conmigo, con mi familia y con la familia de otros parlamentarios es
responsabilidad del Presidente”, dijo.
Tres horas más tarde, la diputada por la provincia del Beni, Marisol Abán,
también fue agredida por la gente que cercaba el Congreso. Ella contó que en la
tarde trató de ingresar tres veces al hemiciclo, pero la gente no la dejó, además
recibió golpes con palos y puñetes. Como consecuencia, fue necesario
proporcionarle auxilio médico y oxígeno.
El 21 de octubre de 2008, el presidente Evo Morales encabezó una marcha
desde la localidad de Caracollo, Oruro, hasta La Paz, para exigir la sanción de la
Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Constituyente. Forzado una vez más
por la presión popular y las amenazas de violencia, el Congreso convocó el
referéndum para el 25 de enero de 2009.
El 12 de enero del 2009, Evo Morales declaró: “Aquí viene la advertencia. Si
algún parlamentario se opone y no aprueba normas del Congreso Nacional,
basadas en el voto del pueblo boliviano, implementaré (…) decretos supremos (la
aplicación de) la nueva constitución.”
5. La tercera “oleada”: Una Constitución teñida de sangre
dos visiones distintas de país, una de corte neoliberal y otra revolucionaria. Cada
visión respaldada por una considerable porción de la población, con poder propio y
mecanismos de presión. Tarde o temprano, asegura García Linera, se produce
una confrontación entre ambas visiones, pero solo una de ellas vence.
“El empate catastrófico es una etapa de la crisis de Estado… un momento
estructural, que se caracteriza por tres cosas: confrontación de dos proyectos
políticos nacionales de país, dos horizontes de país con capacidad de
movilización, de atracción y de seducción de fuerzas sociales; confrontación en el
ámbito institucional —puede ser en el ámbito parlamentario y también en el
social— de dos bloques sociales conformados con voluntad y ambición de poder,
el bloque dominante y el social ascendente; y en tercer lugar, una parálisis del
mando estatal y la irresolución de la parálisis. Este empate puede durar semanas,
meses, años; pero llega un momento en que tiene que producirse un desempate,
una salida…”.
“La salida al empate catastrófico sería la tercera etapa de la crisis del
Estado que la vamos a denominar construcción hegemónica ascendente. Está
marcada por la conflictividad y, por lo general, se da por oleadas. Los textos de
Marx, sobre la crisis política de 1848 a 1849, son muy ilustrativos de esa idea de
conflictividad por oleadas, que van y vienen: estabilidad, conflictividad, estabilidad,
conflictividad…”.
“Esta crisis, obligatoriamente, tiene que acabar en algún momento, ninguna
sociedad vive permanentemente ni en movilizaciones (la creencia del anarquismo)
ni permanentemente en estabilidad (la creencia del cristianismo). Puede haber
inestabilidades, luchas, pero en algún momento tiene que consolidarse una
estructura de orden que va a seguir teniendo conflictividades internas, por
supuesto, pero luego, se va a poder decir: A partir de este momento, tenemos un
neoliberalismo reconstituido o tenemos un Estado nacional, indígena, popular,
revolucionario. A ese momento histórico, preciso, fechable, le hemos puesto el
nombre de punto de bifurcación…”.
“Un punto de bifurcación inevitablemente es un momento de fuerza… es un
momento en que la política, en verdad, deviene en la continuación de la guerra por
otros medios. Es un momento en que Nietzsche y Foucault tienen razón. Un punto
de bifurcación es, en el fondo, un hecho de fuerza en la medición práctica de las
cosas. Es un hecho de liderazgo, de hegemonía en el sentido gramsciano del
término, de liderazgo moral sobre el resto de la sociedad…”.
“En el caso de Bolivia, pareciera ser que nos estamos acercando al punto
de bifurcación, es cuestión, tal vez, de meses o de días, es meramente intuición
reflexiva, pero no se puede atrasar mucho más…”.
“¿Qué más puede pasar en los siguientes días? Una contraofensiva
territorial en dos dimensiones, que de hecho ya está sucediendo. Es probable que
en alguno de esos momentos se ponga a prueba la capacidad de disuasión del
nuevo bloque social de poder y esto hará que se visibilice su capacidad de
decisión, a partir de su capacidad de movilización social a nivel nacional, a nivel
departamental y, fundamentalmente, a nivel regional; y será evidente en la
capacidad de mantener el mando, el control y el cumplimiento de las estructuras
de coerción legítima que tiene el Estado, vale decir, Policía Nacional y Fuerzas
Armadas.” 1
Nótese que García Linera no contempla el diálogo y la convivencia entre
esas dos visiones, como debería ocurrir normalmente en un sistema democrático,
en el que todos los ciudadanos tienen el derecho a pensar y a opinar según su
propio criterio, sino que plantea una confrontación, en la que, indefectible e
inexorablemente, debe haber un ganador y un perdedor. Plantea la imposición de
una visión sobre otra y, de ser necesario, por medio de hechos de fuerza… “un
momento en que la política deviene en la continuación de la guerra por otros
medios“.
Esta no es la visión personal del Vicepresidente, sino una política de
Estado, compartida por todos los integrantes del Alto Gobierno, quienes en
diversas oportunidades han expresado posiciones parecidas a las de García
Linera, al considerar a los adversarios políticos, como “enemigos“, a los cuales
1 García Linera, Álvaro. “Empate catastrófico y punto de bifurcación”. Disertación en la Escuela de
pensamiento Comuna, 17 de diciembre de 2007. Disponible en
http://www.forumdesalternatives.org/ES/readarticle.php?article_id=4844
hay que vencer y doblegar. Se trata, sin duda, de una concepción distinta —y
opuesta— a la que normalmente prevalece en una democracia.
Considerados retrospectivamente, los hechos de violencia suscitados en
Pando constituyen la confirmación en la práctica de los planteamientos teóricos de
García Linera. Podría incluso afirmarse que el gobierno buscaba y hasta deseaba
una confrontación, para lograr el tan ansiado “punto de bifurcación” que permitiría
dejar atrás el “empate catastrófico”.
Pando no fue el único “punto de bifurcación”, pero sí probablemente el más
importante, porque sirvió para imponer la supremacía de la visión oficialista por
encima de la visión de los demás sectores. Antes de Pando, hubo una serie de
confrontaciones similares, que podrían describirse —usando los mismo términos
de García Linera— como “oleadas” de conflictividad seguidas de estabilidad.
3. La primera “oleada”: Cochabamba
En las elecciones generales de 2005, en Cochabamba se produjo un voto
“cruzado”; si bien Evo Morales obtuvo la mayoría en ese departamento, la
oposición ganó la prefectura, que recayó en manos de Manfred Reyes Villa.
Los primeros roces entre el gobierno central y el regional comenzaron a raíz
de la decisión de Reyes Villa de promover la autonomía. Como consecuencia, la
Confederación de Campesinos, dirigida por partidarios del MAS, pidió la renuncia
del Prefecto. A esta demanda se sumaron los dirigentes de la Central Obrera
Departamental de Cochabamba, afines al oficialismo; así como los pobladores del
Trópico, cuyos residentes son cocaleros y, por tanto, partidarios de Morales.
La crisis se acentuó a finales del año 2006, porque Reyes Villa se sumó
públicamente al clamor de cinco prefectos, quienes pedían que cualquier norma
dentro de la Asamblea Constituyente se aprobase tal como estaba planteada en la
Ley de Convocatoria, es decir, con dos terceras partes de los votos, y no con
mayoría simple, como exigía el MAS.
La población de Cochabamba comenzó a realizar movilizaciones en apoyo
a los dos tercios, es decir, en apoyo a la Ley. En respuesta, en enero 2007, el
MAS movilizó a decenas de miles de cocaleros para tomar por asalto la ciudad de
Cochabamba, con el objetivo expreso de deponer al Prefecto.
El 3 de enero de 2007, la Central Obrera Departamental y otras
organizaciones afines al gobierno de Morales, instalaron una vigilia frente a las
oficinas de la Prefectura, ubicadas en la Plaza 14 de Septiembre, en el centro de
la ciudad de Cochabamba. El senador oficialista, Omar Fernández, hizo un
llamado abierto en dicha plaza, instando a las masas cocaleras-campesinas a
tomar por asalto a la Prefectura y a derrocar a Reyes Villa.
El 8 de enero de 2007, los movimientos afines al MAS quemaron parte de la
fachada y algunas de las oficinas al interior de la Prefectura. Los intentos de
diálogo fueron vanos. Efectivos de la policía intentaron resolver la situación, pero
no lograron desalojar a los sitiadores. Las imágenes de violencia registradas por
los medios, muestran a la actual Ministra de Justicia, Celima Torrico,
acompañando a los masistas en la quema de la Prefectura de Cochabamba.
El 10 de enero de 2007, los cochabambinos realizaron una concentración
en la Plaza de las Banderas, exigiendo el derecho al trabajo y al libre tránsito,
puesto que en la ciudad no se podía transitar ni trabajar normalmente. Los
movimientos afines al MAS habían cercado la ciudad y cerrado las vías de acceso
al departamento. Los masistas decidieron desplazarse hacia la misma plaza.
Finalmente, y como era de esperarse, el 11 de enero de 2007 se produjo un
enfrentamiento entre citadinos contra campesinos, cívicos contra cocaleros 2.
Como consecuencia, murieron tres personas: Juan Ticacolque y Lucio Ticacolque,
del sector campesino cocalero (muertes que no han sido investigadas, puesto que
los campesinos impidieron que se realizaran las necropsias y otras pruebas). Por
el sector cívico falleció de forma cruenta —a machetazos— y luego fue colgado de
un árbol, el menor de diecisiete años Christian Urresti Ferrel, a quien se lo arrastró
para ser torturado, puesto que ya estaba herido y caído, pero aún con vida.
La policía sólo contaba con cuatrocientos efectivos para contener miles de
personas enfrentadas. Las Fuerzas Armadas no atendieron el pedido de la policía
de colaborar con el reestablecimiento del orden público. Además de los tres
muertos, hubo más de doscientos heridos. El enfrentamiento pudo haber sido
evitado, pero el gobierno nacional no hizo nada para impedirlo.
Esta “primera oleada” en Cochabamba finalizó el 12 de enero, cuando Evo
Morales salió públicamente a contener a sus seguidores. El 16 de enero, los
sectores campesinos cocaleros se replegaron a sus lugares de residencia fuera de
la ciudad, dejando al Consejo Departamental, órgano legislativo de la Prefectura,
la solución del conflicto.
El 11 de enero de 2007 fue sólo el preludio de los episodios de violencia
que, con características similares, se suscitaron poco después en Sucre, Santa
Cruz, Tarija y Pando.
2 http://www.youtube.com/watch?v=UrYBOjcv7Hs&feature=related y
http://www.youtube.com/watch?v=dC8tI8MYjdg&feature=related
4. La segunda “oleada”: Los cercos al Congreso
Al igual que Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales planteó como uno de
sus principales proyectos la elaboración de una nueva Constitución Política del
Estado (CPE). Para tal fin, el 2 de julio del 2006 se eligieron los diputados a la
Asamblea Constituyente, quienes tenían como misión la redacción de la nueva
Carta Magna, la cual debía ser aprobada —como estaba establecido en la
convocatoria— por dos tercios de los votos.
El Movimiento al Socialismo contaba con una mayoría simple en la
Asamblea, pero no alcanzaba a tener mayoría calificada —es decir, los dos
tercios— por lo cual desde el inicio de las deliberaciones trató de modificar el
reglamento de debates, para intentar aprobar los artículos de la Constitución
por mayoría simple.
La Asamblea Constituyente dedicó ocho meses a discutir los términos
del reglamento de debates, dejando a un lado la redacción de la CPE. La
oposición denunció que el MAS quería imponer la Carta Magna por mayoría
simple porque tenía una versión ya elaborada (con apoyo de asesores
extranjeros), que no contemplaba las propuestas y aportes de los demás
sectores. Según los opositores, el MAS se negaba a discutir temas como el de
la capitalidad (ubicación de la capital del país) y la autonomía de las regiones.
Este aspecto del “empate catastrófico“ dentro de la Asamblea, dio origen a
una serie de movilizaciones opositoras en todo el país (marchas, huelgas, paros,
etc.), para hacer respetar los términos de la convocatoria a la Constituyente,
particularmente la obligatoriedad de ser aprobada por mayoría calificada. Por su
parte, el MAS recurrió a presiones de otro tipo, basadas en cercos a la Asamblea,
para forzar la aprobación de su proyecto con mayoría simple.
El propio presidente Evo Morales —junto con todo el Alto Gobierno—
promovió abiertamente varios cercos al Congreso, alegando que la oposición
estaba obstaculizando lo que, según él, era la voluntad popular. El objetivo de los
cercos era presionar a los parlamentarios, para que aprobasen las propuestas del
MAS, particularmente la abrogación de los dos tercios.
El 29 de noviembre de 2006, los grupos afines al MAS impidieron el ingreso
de los parlamentarios de oposición al Congreso Nacional, puesto que no
terminaban de aprobar una serie de leyes propuestas por el oficialismo, entre
ellas, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, así como
cuarenta y cuatro contratos petroleros y la validación de un acuerdo de
cooperación militar con Venezuela. El oficialismo habilitó —unilateralmente— a
dos senadores suplentes de la oposición para así poder lograr la aprobación.
Un año más tarde, el 26 de noviembre de 2007, Evo Morales encabezó una
marcha hacia la sede del Congreso, protagonizada por los denominados
“movimientos sociales”, en protesta contra el Senado, acusándolo de sabotear la
aprobación de las leyes que su gobierno identificaba como “propiciadoras del
cambio“. Al día siguiente, miles de jubilados y rentistas, cooperativistas, cocaleros,
campesinos y sectores sociales de El Alto, llegaron al Congreso para exigir la
modificación de la ley que regulaba las sesiones de la Asamblea Constituyente
(querían eliminar los dos tercios) y la reducción de los fondos del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH), que benefician a los departamentos y municipios (el
IDH es indispensable para que las autonomías cuenten con alguna viabilidad).
Como consecuencia de la presión y las amenazas a la integridad física de los
parlamentarios, el Congreso aprobó todas las leyes mencionadas, sin debate, sin
consenso, y sin ejercicio real de la democracia.
Cercos similares ocurrieron en el año 2007 en la ciudad de Sucre, lugar
oficial en el que sesionaba la Asamblea Constituyente, para forzar la aprobación
de la Constitución en los términos que exigía el Movimiento al Socialismo (ver
próximo capítulo).
Durante el año 2008, la estrategia de los cercos al Congreso continuó, esta
vez para exigir la promulgación de la Ley de Convocatoria al Referéndum para la
nueva Constitución Política del Estado, cuyo texto había sido aprobado de manera
irregular en diciembre de 2007, en la ciudad de Oruro.
El 26 de febrero, los denominados movimientos sociales se apostaron en
las afueras del Parlamento Nacional. Entre ellos había campesinos afines al MAS
y milicias indígenas pertenecientes a los llamados “ponchos rojos”, caracterizados
por su tendencia irracional y violenta.
Dos días más tarde, los oficialistas agredieron a dos diputadas opositoras.
“Mujeres y hombres que cercaron el Congreso ayer escupieron y golpearon a dos
parlamentarias que trataron de participar en la sesión” tituló el diario La Razón al
día siguiente.
“Me golpearon con un casco de minero por la espalda, me escupieron todo
lo que quisieron, me botaron con platos de comida, me patearon y, lo peor de
todo, frente a la Policía”, relató la Diputada Ninoska Lazarte. La congresista contó
que las mujeres masistas la empujaban hacia la plaza, donde estaba la turba, pero
los periodistas y algunas personas le ayudaron a salir. “Si no hubieran estado los
periodistas, me linchaban”, declaró la diputada Lazarte. “Temo por mi vida… Lo
que pase conmigo, con mi familia y con la familia de otros parlamentarios es
responsabilidad del Presidente”, dijo.
Tres horas más tarde, la diputada por la provincia del Beni, Marisol Abán,
también fue agredida por la gente que cercaba el Congreso. Ella contó que en la
tarde trató de ingresar tres veces al hemiciclo, pero la gente no la dejó, además
recibió golpes con palos y puñetes. Como consecuencia, fue necesario
proporcionarle auxilio médico y oxígeno.
El 21 de octubre de 2008, el presidente Evo Morales encabezó una marcha
desde la localidad de Caracollo, Oruro, hasta La Paz, para exigir la sanción de la
Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Constituyente. Forzado una vez más
por la presión popular y las amenazas de violencia, el Congreso convocó el
referéndum para el 25 de enero de 2009.
El 12 de enero del 2009, Evo Morales declaró: “Aquí viene la advertencia. Si
algún parlamentario se opone y no aprueba normas del Congreso Nacional,
basadas en el voto del pueblo boliviano, implementaré (…) decretos supremos (la
aplicación de) la nueva constitución.”
5. La tercera “oleada”: Una Constitución teñida de sangre
Titular de prensa en esos días
Sucre, la Capital histórica de la República de Bolivia, fue elegida como
sede de la Asamblea Constituyente. Desde el inicio de las sesiones, se
desarrolló un proceso controvertido en el que se dedicó mucho más
tiempo a la discusión del método de aprobación (el tema de los dos
tercios), que a la redacción del texto constitucional. Luego de un año de
discusiones, se consumió el período de sesiones estipulado para elaborar
la Constitución y hubo que ampliarlo, mediante un acuerdo parlamentario.
La prórroga de seis meses aprobada por el Congreso, también se
consumió sin que se produjesen resultados concretos. Circunstancia que
fue utilizada por la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia
Lazarte, para ordenar —de manera ilegal— el traslado de las sesiones de la
Asamblea a las instalaciones militares de La Glorieta, para así aprobar
unilateralmente el texto redactado por el MAS.
En apenas un día, los asambleístas del Movimiento Al Socialismo,
leyeron y aprobaron los 21 informes de comisiones, saltando todos los
pasos señalados en el reglamento interno de la Asamblea y desestimando
las opiniones de los demás asambleístas.
Conscientes de que tal
decisión generaría reacciones de
protesta, el MAS organizó un cerco a
la ciudad de Sucre; sin embargo, eso
no impidió que la población se
manifestara contra las imposiciones
ilegales del oficialismo. La feroz
represión contra la población,
encabezada personalmente por el
Ministro de Gobierno, Alfredo Rada,
produjo como consecuencia tres
muertos y más de trescientos
heridos.
Los ciudadanos de Sucre organizaron un cabildo abierto, en el que
declararon ilegal la Asamblea. Se registraron los primeros
enfrentamientos en inmediaciones del Teatro Gran Mariscal, dentro de la
ciudad de Sucre, donde estudiantes que hacían vigilia fueron desalojados
por los cuerpos de seguridad. Los hechos de violencia se desencadenaron
cuando la policía decidió usar gases lacrimógenos y golpear a los
universitarios detenidos.
El 23 de noviembre de 2007, la violencia se prolongó durante toda la
jornada, tanto en el centro de la ciudad como en la zona de El Tejar, a
cientos de metros del Palacio de La Glorieta, donde se llevaba adelante la
sesión plenaria de la Asamblea Constituyente. Ese día se registraron más
de ciento cincuenta heridos y sesenta detenidos.
El sábado 24 de noviembre de 2007, en medio de una violenta
jornada que paralizó a la ciudad de Sucre, el Movimiento al Socialismo
aprobó unilateralmente el texto constitucional. La nueva Constitución se
El ministro boliviano de Gobierno (Interior),
Alfredo Rada
aprobó sin la participación de ciento diez asambleístas opositores.
Tras la lectura del índice de la nueva Carta Magna, sin detallarse el
texto, la mayoría oficialista votó a mano alzada. Pese a que no hubo
comprobación del voto, la presidenta de la Asamblea dijo que el texto fue
aprobado con 136 votos de los 138 constituyentes presentes (de un total
de 255 elegidos en 2006). Todo lo cual incentivó aún más la protesta y,
por ende, la violencia.
La gente comenzó a salir de
sus casas, reclamando la
aprobación irregular de la nueva
Constitución, mientras que el MAS
seguía trayendo a la ciudad
integrantes de los movimientos
sociales. Entonces, en el momento
más crítico, la Policía decidió
abandonar la ciudad, dejando a la
urbe sin ningún tipo de seguridad ciudadana. El Ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró desde La Paz, que el
Gobierno había ordenado el repliegue de la Policía de las calles para
evitar provocaciones y agresiones de la gente.
A partir de las siete de la noche, de ese mismo día sábado 24 de
noviembre, se incrementó la violencia. En el puente de la Calancha, a 300
metros del cuartel El Tejar, cayó el primer muerto, se trataba del joven
abogado Gonzalo Durán Carazani. Tenía un orificio de entrada en la tetilla
derecha. Llegó agonizando al hospital Santa Bárbara. Minutos después
confirmaron su muerte.
La noticia de la muerte de Durán caldeó más los ánimos de la
población. Desde los cerros bajaban jóvenes y adultos sangrantes, la
mayoría heridos por balines y otros por munición de guerra. Un video
muestra al ministro Alfredo Rada observando los hechos de violencia,
desde la cima de un cerro, inerme, con las manos en el bolsillo. El
prefecto de Chuquisaca, David Sánchez, perteneciente al MAS,
Juan Ramón Quintana, Min. de la Presidencia
desapareció de la escena.
El domingo 25 de noviembre de 2007, los enfrentamientos en la
ciudad de Sucre continuaron, arrojando un saldo adicional de dos
muertos: José Luis Cardozo, por herida de bala calibre 5,56 milímetros, y Juan
Carlos Serrudo, por el impacto de una granada de gas.
La ciudad colonial de Sucre vivía ese domingo un infierno; se había
convertido en un campo de batalla, se podían ver barricadas, incendios,
humaredas, saqueos y protestas incontrolables. La población culpaba a
Evo Morales por querer imponer una Constitución por la fuerza.
Por su parte, Morales manifestaba su satisfacción por la
“aprobación” de la nueva Carta Magna: “Quiero agradecer, felicitar a esos
movimientos sociales que históricamente lucharon por la igualdad y por la
justicia y ahora por garantizar una nueva Constitución Política del Estado,
que con seguridad será refrendada mediante un referéndum por el pueblo
boliviano“, declaró públicamente.
Las pericias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF),
permitieron determinar que Gonzalo Durán Carazani y José Luis Cardoso
murieron por el impacto de balas disparadas de arriba hacia abajo en un
ángulo de 30 grados, por lo que se deduce que las armas (rifles) fueron
accionadas por francotiradores. Meses después, la senadora opositora
Tomasa Yarhui, mostró imágenes filmadas por el Canal Universitario de
Sucre, donde aparecen dos francotiradores, uno de ellos apostado en el
techo de una vivienda y otro encima de un árbol.
Hasta la fecha no hay ningún detenido, ni se han esclarecido las
muertes de la Calancha 3.
3 http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=mNuY13pnHZM y
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=lBbTMyRuVh8
6. Los referendos del año 2008
Aunque el gobierno de Evo Morales identifica —indebidamente y para
su conveniencia— la palabra autonomía con separatismo o escisión
territorial, la descentralización administrativa ha sido una aspiración
histórica de los departamentos, particularmente los que pertenecen a la
llamada Media Luna.
Las regiones reclaman autonomía porque dependen excesivamente
de las decisiones que se toman en La Paz. Además, el arcaico sistema
administrativo boliviano requiere que los ciudadanos deban realizar los
más sencillos trámites burocráticos en las oficinas centrales, y no en sus
respectivas ciudades. Por eso, el sentimiento autonómico es muy anterior
al gobierno de Morales.
Sin embargo, como resultado de las tres “oleadas” de agresión,
descritas en los capítulos anteriores, la lucha por las autonomías adquirió
un significado aún más profundo. Comenzó a ser vista por las regiones no
sólo como una reivindicación administrativa, sino como un mecanismo
para protegerse de un gobierno que asumía cada vez más rasgos
autoritarios, centralistas e, incluso, violentos.
La Convocatoria a una Asamblea Constituyente, aprobada en el año
2006, incluía entre sus normativas, la realización de referendos que
permitirían a las regiones aprobar Estatutos Autonómicos y, como
consecuencia, la administración de parte de sus recursos.
El primero de los referendos se realizó en Santa Cruz, el 4 de mayo
del 2008, en el cual la autonomía obtuvo una aplastante victoria, con 86% de los
votos a favor. Semanas más tarde, triunfaron las autonomías en Beni, Tarija y
Pando. Todo lo cual originó un sentimiento que contagió a los departamentos de
Cochabamba, Chuquisaca e, incluso, La Paz; donde un gran número de
simpatizantes comenzaron a promover los Estatutos Autonómicos.
El impacto del triunfo de las autonomías se vio disminuido por el anuncio de
nuevos comicios. En una inesperada sesión del Congreso, se aprobó la Ley de
Referéndum de Revocatoria de Mandato Presidencial y Prefectural, lo cual
permitía medir la fuerza electoral del oficialismo y la oposición, y así dejar a un
lado las discusiones sobre las autonomías.
Sectores de la oposición consideran que fue un error por parte de los
parlamentarios del partido opositor Podemos aprobar la Ley, porque eso le
permitió al gobierno desviar la atención sobre temas más relevantes y urgentes,
como por ejemplo, asegurar la implementación de los Estatutos Autonómicos
aprobados.
Los nuevos comicios favorecieron al oficialismo, porque Evo Morales fue
ratificado con el 67% de los votos a nivel nacional. Aunque los prefectos de la
Media Luna también fueron ratificados, dos prefectos opositores fueron revocados.
Morales interpretó los resultados como un apoyo no sólo a su gestión, sino a todo
su proyecto, incluyendo la nueva Constitución y el centralismo; es decir,
justamente lo contrario a los Estatutos Autonómicos. En resumen, el referendo
revocatorio fue usado por el oficialismo como argumento para —de facto—
desconocer las autonomías.
Según un documento secreto —que posteriormente se hizo público—
titulado “Marcha hacia el Oriente”, el departamento escogido por el oficialismo
para comenzar a dar marcha atrás a las autonomías fue precisamente Pando.
Pero mientras tanto, se tomaron medidas administrativas orientadas a debilitar la
independencia de las regiones, entre ellas, la confiscación de los Impuestos
Directos a los Hidrocarburos (IDH).
La confiscación de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos hacía de la
autonomía una quimera, porque dejó a los gobiernos departamentales sin
capacidad de gestión y sin posibilidad de terminar obras ya comenzadas. Como
consecuencia, en septiembre de 2008, se desataron protestas por la restitución de
los IDH en los cuatro departamentos de la Media Luna, a los cuales se sumó
Chuquisaca, ahora gobernada por la dirigente indígena Sabina Cuellar,
opositora a Evo Morales.
En respuesta a las protestas, el oficialismo desplazó alrededor de veinte
mil campesinos —con armas de fuego y cartuchos de dinamita— hacia Santa
Cruz, amenazando con invadir la ciudad y desatar la violencia, como se había
hecho anteriormente en Cochabamba, La Paz y Sucre.
Marcha hacia el Oriente Boliviano
El periodista Carlos Valverde, en el programa Sin Letra Chica, que sale al
aire en la televisora PAT, a las 10:00 de la noche, reveló un documento titulado
“Plan Marcha hacia el Oriente“, fechado en enero de 2008 y elaborado por un
sector de las Fuerzas Armadas. El documento tiene el sello de “secreto“ y está
refrendado —presuntamente— por la firma del comandante del Ejército, Freddy
Mackay.
El plan consiste en entrenar “voluntarios“, es decir, grupos irregulares, con
la participación de “chavos caribeños” (supuestamente, cubanos o venezolanos),
con el objetivo de intervenir en la provincia de Pando. También habla de un
“batallón de voluntarios” que planificará, organizará, operará el entrenamiento
militar en Riberalta, con apoyo del Centro de Instrucción de Operaciones en Selva
(CIOS), en instalaciones de la Escuela Militar de Ingeniería y el apoyo regional
para la formación técnica del personal de voluntarios (Vale la pena destacar que
cerca de la zona existe un Comando Amazónico de Fuerzas Binacionales, donde
operan militares bolivianos y venezolanos).
Finalmente, el documento explica que se crea la “columna Porvenir” del
batallón de voluntarios de la red troncal en las ciudades de Cobija y Riberalta. Su
tarea es operar en Cobija y alrededores para luego recibir al resto del Ejército. Su
propósito es el de “iniciar la recuperación del país, empezando por el norte, el
sector más débil del oriente“.
Según el documento, el plan cuenta con la participación de los ministerios
de Gobierno, Defensa, Justicia y el viceministerio de Coordinación con los
Movimientos Sociales.
Como era de esperarse, fuentes del Ejercito desconocieron públicamente la
autoría del documento, pero los hechos ocurridos en Pando guardan idéntica
similitud con lo expresado en el plan.
Vale la pena destacar que cerca de la zona existe un Comando Amazónico
de Fuerzas Binacionales, donde operan militares bolivianos y venezolanos.
7. El “desempate” en Pando: Cronología de una agresión
Pando es uno de los
nueve Departamentos que
conforman la República de
Bolivia, se encuentra al norte
del país, cuenta con una
población de
aproximadamente setenta mil
habitantes, su capital es la
ciudad de Cobija. Tiene una
extensión de 63.827 Km2, y
cuenta con 5 provincias, 15
municipios y 51 cantones.
Limita al norte con la
República de Brasil; al sur con
el Departamento de La Paz; al
este con el departamento de Beni y la República de Brasil, y al oeste con la
República del Perú.
El departamento de Pando se comunica con el interior y exterior del país
por vía aérea mediante un aeropuerto ubicado en Cobija. Esta es la principal vía
de comunicación. Los ríos le sirven como enlace entre sus regiones. Están en
construcción varias carreteras ínterdepartamentales e interprovinciales, pero
actualmente solo cuenta con cuatro caminos de acceso por tierra, que en tiempos
de lluvia son intransitables.
Pando es el departamento menos poblado de Bolivia, el más alejado, uno
de los más pobres y con elevados índices de subdesarrollo, y, justamente por eso,
fue escogido por el gobierno de Evo Morales para provocar —parafraseando al
vicepresidente Álvaro García Linera— el “punto de bifurcación“ o el final del
“empate catastrófico”.
Mapa de la República de Bolivia
Los hechos de agresión en Pando
fueron previstos y anunciados desde el 7 de
agosto de 2008 por el Ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien —
a pesar de su condición de funcionario
público— viajó ese día a Pando para
proponer públicamente “darle sepultura” al
prefecto Leopoldo Fernández en el último
foso de la tierra, para que “conviviera con los
gusanos“. Quintana manifestó sus
intenciones abiertamente, sin percatarse de
que lo estaban filmando 4.
El periodista que grabó las imágenes, Jorge Melgar, fue posteriormente
secuestrado por encapuchados en su propio domicilio, en horas de la madrugada,
y trasladado ilegalmente a La Paz, donde fue acusado y encarcelado por
supuestos delitos de terrorismo y sedición, sin que haya tenido un juicio justo.
Días antes de la agresión, ya se rumoraba en Pando que el MAS estaba
organizando una marcha de campesinos hacia Cobija. El prefecto Leopoldo
Fernández dio declaraciones a Carlos Valverde, el conductor del programa Sin
Letra Chica, pidiendo a las autoridades nacionales evitar lo que ya se configuraba
como una tragedia.
Cronología de los acontecimientos
El 11 de septiembre del año 2008, se presentaron en el municipio de El
Porvenir, adscrito al departamento de Pando, fatídicos hechos de violencia en
donde fueron acribilladas, lesionadas, secuestradas, y torturadas gran cantidad de
personas.
4 http://www.youtube.com/watch?v=6yZiXzZy7Lk&feature=related,
http://www.elmundo.com.bo/Editorialnew.asp?edicion=08/10/2008 y
http://www.laestrelladeloriente.com/noticia.php?idnoticia=4219
Prefecto de Pando
Leopoldo Fernández
Con antelación al 11 de septiembre de 2008, el Movimiento al Socialismo
(MAS) convocó y reclutó alrededor de mil campesinos en los municipios de
Riberalta, Gonzalo Moreno, Villanueva, Puerto Rico, Sena, Santos Mercados, las
Piedras y Filadelfia; para posteriormente dirigirse a la capital del Pando, Cobija,
con los fines de enfrentar a los ciudadanos que realizaban manifestaciones en
favor de la autonomía (autonomistas) y de exigir la renuncia del prefecto, Leopoldo
Fernández.
De acuerdo con el testimonio recabado a uno de los ciudadanos que
participó en la marcha hacia Cobija, el MAS había adquirido y repartido a los
campesinos armas, municiones, explosivos y bombas lacrimógenas.
El 8 de septiembre del 2008, a las 11:00 de la mañana, en una reunión
ampliada de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional
Madre de Dios, se anunció la salida de más de cien personas procedentes de
Riberalta (población ubicada en el departamento del Beni, en la frontera con
Pando), hacia Cobija.
El 10 de septiembre, a través de una entrevista televisada, el dirigente
campesino del MAS, Javier Peñaranda, advirtió claramente las intenciones de su
gente: “Es un hecho que los compañeros de diferentes municipios de Villa Nueva,
Santos Mercados, Las Piedras, Gonzalo Moreno, están esperando en el municipio
de allá de Filadelfia, y son 40 comunidades que saldremos… primeramente se va
a buscar el dialogo, si es que no se quiere el diálogo, no quisiéramos que haya
enfrentamiento, y no quisiéramos que una persona, un campesino herido, tanto del
lado de allá como del lado de acá salga herido, y llegue como se diría, esto a
terminar con sangre, en cosa trágica”
Según explicó la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena
Suzuki (ahora refugiada política en Brasilea, Brasil), el 10 de septiembre, a las
19:00 horas, recibieron la llamada de una joven, quien en forma exaltada les
advirtió: "Hoy es el día, salen de la comunidad de Filadelfia a las 24:00 horas y
están armados, van a encontrarse con los de Riberalta, van a Cobija y van a
matar".
Para llegar a Cobija les era obligado pasar por el Municipio de El Porvenir.
Dado que el prefecto Fernández estaba avisado de las movilizaciones, ordenó
cavar dos zanjas en El Porvenir, lo suficiente profundas para impedir el paso de
vehículos. Paralelamente, Fernández se comunicó con los jefes locales del
Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía, pidiéndoles desarmar a los campesinos
e impedirles el paso, justamente para evitar una masacre; sin embargo, la
autorización para hacerlo, solicitada a los mandos superiores ubicados en La Paz,
nunca llegó. Adicionalmente, comisiones de autonomistas se desplazaron hacia El
Porvenir, para tratar de convencer, por la vía del diálogo y la conciliación, a los
campesinos, a fin de que regresaran a sus hogares.
En la madrugada del 11 de septiembre, dos grupos de campesinos dirigidos
por el MAS llegaron a los sectores de Tres Barracas y Cachuelita, donde se
encontraban las zanjas. Aproximadamente a las 03:00 horas, el primero de ellos,
que venía de Filadelfia, disparó sus armas contra los autonomistas, produciendo
como resultado los dos primeros heridos: Roger Arellana y Edgar Vaca.
En la otra zanja (Tres Barracas), los autonomistas intentaban convencer al
segundo grupo de campesinos que depusieran su actitud. Sin embargo, aunque
parecía haberse llegado a un acuerdo, poco después los campesinos esgrimieron
sus armas y dispararon a los autonomistas, a la vez que lanzaban bombas
lacrimógenas (tal como se aprecian en las videograbaciones), con saldo de
muertos y heridos. Entre los muertos se encontraba el ingeniero Pedro Oshiro,
encargado de cavar la zanja, baleado por un francotirador ubicado en un árbol
cercano.
Los agresores estaban organizados conforme a una estrategia militar,
porque muchos de ellos portaban diferentes bandas de colores en sus brazos,
indicando proveniencia y jerarquía. Además, según testigos presenciales de los
hechos, cuyos testimonios fueron recabados por la delegación de UnoAmérica,
algunos de los agresores tenían un marcado acento caribeño, que los
autonomistas no supieron detectar si era de procedencia cubana o venezolana,
pero definitivamente no boliviana. Varios insisten en que el francotirador que mató
al ingeniero Oshiro era uno de estos caribeños.
Cuando se percataron de que estaban siendo salvajemente agredidos, los
pobladores de El Porvenir salieron a defender su integridad, así como la de sus
familiares, recurriendo a sus armas de cacería, produciéndose así los primeros
enfrentamientos.
Con el fin de mantener la imparcialidad, los autores de este informe desean
aclarar que no todos los campesinos actuaron de mala fe, así como no todos los
autonomistas se comportaron correctamente. De lado campesino, se supo
posteriormente que muchos fueron reclutados para participar en la marcha
utilizando falsos argumentos, explicándoles que el objetivo era luchar por
reivindicaciones sociales y económicas. Y del lado autonomista, algunos se
excedieron en demasía al ejercer el derecho a la legítima defensa. Pero lo cierto
es que la responsabilidad de los enfrentamientos recae única y exclusivamente
sobre los dirigentes del MAS, por haberlos fomentado.
Hay agravantes que deben resaltarse: Primero, las agresiones fueron
planificadas con antelación; segundo, la incursión fue realizada en horas de la
madrugada; tercero, quienes participaron en la agresión no eran pobladores
locales, sino que fueron traídos de municipios aledaños e, incluso, de otros países
ajenos a Bolivia; cuarto, los agresores estaban organizados militarmente y
portaban armas; quinto, los campesinos estaban dirigidos por militantes del MAS,
entre los cuales había funcionarios públicos, como por ejemplo, el alcalde Miguel
“Chiquitín” Becerra, adversario declarado del prefecto Leopoldo Fernández; sexto,
los agresores secuestraron a varios autonomistas para usarlos como escudo
humano; y séptimo, no existe registro histórico de enfrentamientos similares en el
pasado, puesto que el pueblo pandino se caracteriza por su actitud pacífica y
amable, por lo que se deduce que los hechos de septiembre de 2008 fueron
provocados por agentes externos.
Ninguno de estos aspectos aparece referenciado en el Informe de
UNASUR, cuya coordinación y elaboración estuvo a cargo del argentino Rodolfo
Mattarollo. El Informe Mattarollo no hace —y en consecuencia no responde—
preguntas de vital importancias para esclarecer los hechos, como son las
siguientes: ¿Quien convocó la marcha de Riberalta hacia Cobija y para qué?
¿Quién transportó personal desde La Paz hasta Riberalta para participar en la
marcha? ¿Quiénes mataron a Oshiro y a los demás caídos en los hechos de
Pando? ¿Quien financió la marcha de los campesinos, dotándolos de viáticos,
alimentación y transporte?
El gobierno de Evo Morales responsabilizó a los autonomistas de los
hechos de violencia y ordenó —esta vez sí— la intervención de los militares, pero
no para desalojar a los invasores masistas, sino para reprimir ferozmente a los
pobladores locales, dictar un estado de sitio, y deponer y encarcelar al prefecto
Fernández, quien fue sustituido a dedo por un funcionario militar.
Meses después de los acontecimientos, Blusher Alpire, empleado y hombre
de confianza de Miguel “Chiquitín” Becerra, confesó públicamente que su jefe
había planificado los hechos de agresión en Pando, en coordinación con el
Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el mismo que un mes antes de
la masacre propuso el entierro del prefecto Leopoldo Fernández, para que
conviviera con los gusanos. Actualmente, Alpire se encuentra prófugo y teme por
su vida.
Al momento de escribir este informe, la Fiscalía de Cobija determinó el
sobreseimiento de los únicos quince campesinos masistas imputados por
homicidio, lesiones graves y tentativas de asesinato, en los hechos de violencia
suscitados en El Porvenir. La Fiscalía aduce que se ha vencido la etapa de
investigación sin que los elementos de acusación fueran presentados. Los únicos
bolivianos que permanecen encarcelados, perseguidos o exilados son del sector
autonomista.
Muerte en el aeropuerto de Cobija
El 13 de septiembre, dos días más tarde de la masacre de El Porvenir, se
produjeron nuevos hechos de agresión, esta vez en el aeropuerto de Cobija.
Con el fin de dar cumplimiento a la orden del gobierno nacional de
militarizar el departamento de Pando, tropas militares apertrechadas con armas de
guerra fueron enviadas por vía aérea desde La Paz.
Los militares apostados en la localidad tomaron el aeropuerto de Cobija el
viernes 12 de septiembre en horas de la tarde. Los pobladores de la ciudad se
habían congregado en las afueras del aeropuerto, en protesta por el estado de
sitio dictado por el gobierno.
La gente que había concurrido al aeropuerto había recibido la información
de que llegaría en un avión una delegación humanitaria de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para investigar lo ocurrido y recibir denuncias. Pero en su
lugar, llegó un avión tipo Hércules cargado de más militares.
En el portón principal del aeropuerto se presentaron periodistas, así como el
pastor evangélico Luis Antonio Rivero, quien deseaba mediar entre los pobladores
y los militares, a fin de evitar la represión y la violencia. Una periodista recibió un
disparo en el pie, se trataba de una bala 7,62 Nato.
Rivero estaba desarmado y la única herramienta que portaba en la mano
era la Biblia. Sin embargo, recibió un disparo y cayó moribundo. No se le prestó
auxilio médico y durante ocho horas permaneció abandonado cerca de la pista de
aterrizaje, donde fue ultimado con tiros de gracia. Para desviar la prueba técnica
de necropsia, sus homicidas cubrieron los agujeros de las balas con pegamento.
"Mi hermano fue rematado, se pudo observar en su cuerpo que los orificios
de entrada y salida de las balas fueron taponados y sellados con pegamento
sintético, logrando así contaminar las pruebas", explicó su hermano a los medios
de prensa nacional.
Luego de que los pobladores fueran dispersados con el uso de la fuerza, se
inició la toma militar de la ciudad.
De acuerdo a los testimonios recabados, el sábado 13 de septiembre en
horas de la madrugada, los militares comenzaron a ingresar con violencia a los
domicilios de los autonomistas. Los testigos reportan golpes, torturas y disparos;
los militares se condujeron no como una institución nacional, sino como una fuerza
represora que no respetaba leyes ni procedimientos, agrediendo incluso a mujeres
y niños, y provocando terror en la población.
Los equipos comando estaban acompañados de civiles pertenecientes al
MAS, que se encargaban de identificar las viviendas de los autonomistas. Estos
testimonios concuerdan con las confesiones de Blusher Alpire, quien participó en
las operaciones, quien además aseguró que las acciones represivas no contaban
con órdenes judiciales.
La esposa de uno de los detenidos, identificada como Shirley Aguilera,
relató como ingresaron a su casa: “cuando yo me desperté ellos ya estaban
adentro, con unas linternas grandes que nos alumbraban, eran militares, a mi me
apretaron la cabeza y me la bajaron y me dijeron que no hable nada. A mi esposo
lo agarraron, lo tumbaron al suelo, y le dijeron colaborá cojudo, le pusieron sus
manos atrás le taparon su cara y lo sacaron.”
Otra de las entrevistadas, que responde al nombre de Edilse Arrázola,
explicó afuera de su vivienda “a las tres y cuarto de la mañana tumbaron la puerta,
yo me levanté y quise salir a la sala y me empujaron para adentro, ahí levantaron
a mi hijo que es enfermito, es sordomudo, me lo tumbaron le pisaron su cuello.
Son cinco mis hijos que estaban aquí, y lloraron y decían no le pegue a mi papá.
Le dieron una patada, yo les pedía que no lo golpeen porque era una persona
mayor, él tiene 60 años”.
UnoAmérica tiene en su poder centenares de testimonios y declaraciones.
Hemos incluido solamente unos cuantos porque, como se dijo en la nota
aclaratoria inicial, el objetivo de este informe es presentar al público un resumen
de los hechos. Sin embargo, el resto de los testimonios y pruebas reposa en
nuestro poder para aquellos que deseen profundizar en la investigación del caso
Pando.
La persecución contra los autonomistas, así como los simpatizantes y
colaboradores del prefecto Leopoldo Fernández, obligó a casi trescientas
personas a exilarse en las poblaciones vecinas de Epitaciolandia y Brasilea,
ubicadas en Brasil. La gran mayoría permanece exilada hasta la fecha, viviendo
en condiciones de abandono y miseria.
Mientras duró la operación, se negó a los medios de comunicación la
cobertura de lo ocurrido, con excepción de los medios del Estado. Los periodistas
que se atrevieron a informar sobre los hechos, fueron perseguidos. Según informa
un comunicado emitido por la Asociación Nacional de la Prensa: “Periodistas de
La Razón, de un medio extranjero y de las Redes PAT y ATB, fueron devueltos
con engaños a La Paz por los militares que ocupaban el aeropuerto de Cobija”.
Por estas razones, muchos de los videos recolectados por la delegación de
UnoAmérica no fueron grabados por los medios televisivos; son videos de tipo
casero o amateur.
Con la masacre de Pando (El Porvenir y Cobija) se había producido lo que
el vicepresidente García Linera denominó en su discurso de diciembre de 2007, el
“punto de bifurcación” o el final del “empate catastrófico”. Una visión de Bolivia —
la socialista— se había impuesto a la otra, mediante un hecho de fuerza, tal como
él lo había propuesto.
8. Conclusión
Los hechos de violencia suscitados en el departamento de Pando en
septiembre de 2008 fueron, sin duda alguna, orquestados por el gobierno de Evo
Morales y, por tanto, no puede hablarse de un “enfrentamiento”, sino de una
“masacre”, en el sentido estricto del término.
Existen, además, varios agravantes, que justifican acusar al gobierno
boliviano por delitos de lesa humanidad ante las cortes internacionales, entre ellos,
los siguientes:
Primero, la agresión fue planificada; segundo, la incursión fue nocturna;
tercero, los agresores eran foráneos; cuarto, se usaron tácticas militares; quinto,
el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la
población por su forma de pensar (autonomistas); sexto, se violó el derecho al
juicio justo y al debido proceso; séptimo, se negó el derecho a la información
(Habeas Data); y octavo, en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado
usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados, y en otros,
hubo omisión cómplice por parte de los funcionarios militares y policiales.
Pese a todo lo anterior, el Informe realizado por la Comisión de UNASUR
que investigó los hechos de Pando, a cargo del subsecretario argentino para los
Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, responsabilizó a las víctimas (los
autonomistas) de la violencia.
El Informe Mattarollo asegura, sin presentar prueba alguna, que existían
“grupos armados por la Prefectura” a los que culpó por los muertos y heridos. Sin
embargo, la mayoría de los fallecidos y lesionados —así como todos los presos,
torturados, secuestrados y exilados— son autonomistas, como se desprende de la
lista de las víctimas de la violencia en Pando.
El Informe Mattarollo está lleno de imprecisiones, omisiones,
tergiversaciones y falsedades. Parece más bien un memorándum político, con una
clara tendencia ideológica, destinado a favorecer a sus compañeros de lucha.
Después de todo, Mattarollo, Evo Morales y Álvaro García Linera, comparten un
mismo proyecto político, enmarcado dentro del marxismo-leninismo.
Evo Morales aprovechó el aval que le dio UNASUR para acusar a todos los
líderes autonómicos de pretender llevar el país a la violencia y dividir a Bolivia en
pedazos, como parte de un plan internacional para derrocarlo; todo lo cual le sirvió
de justificación para perseguir política y penalmente a sus enemigos.
Cuando se compara el caso Pando con la masacre de Puente Llaguno,
perpetrada en Venezuela en abril del año 2002, existe un paralelismo casi
idéntico: una matanza planificada y ejecutada por el gobierno, para luego inculpar
a la oposición de los hechos, y así justificar una razzia contra los adversarios
políticos.
Es de vital importancia para los pueblos de América estudiar con
detenimiento el caso Pando, puesto que no se trata de un acontecimiento aislado,
sino de un modus operandi —una receta exportable— que cualquier gobierno
podría poner en práctica en momentos de debilidad para criminalizar a sus
enemigos, acabar con la democracia y mantenerse en el poder con el uso de la
fuerza.
9. Anexo: Personas afectadas por violaciones a derechos
humanos
Homicidios
Wilson Castillo Quispe (19)
Alfonso Cruz Quispe (20)
Jhonny Cari Sarzuri (25)
Pedro Oshiro Maniguanyay (38)
Diter Tupa Mati (27)
Arnoldo Gonzales Inuma
Celedinio Bazoaldo García (53)
Luis Ramiro Tinini Alvarado (18)
Wilson Mejía Mihata (29)
Félix Roca Tórrez (44)
Luis Ribero Siguecuni (50)
Alfredo Robles Céspedes (45)
Bernardino Racua Cordero (53)
Nota: Se conoció que Luis Eduardo Zabala, Vicente Rocha Rojas y Néstor da Silva Rivero,
reportados como muertos en el informe de UNASUR, están vivos.
Lesionados
TITO DA SILVA: 54 años (herido por arma de fuego en el hombro derecho).
ABEL BELTRAN: 50 años (herida contusa cortante región parietal izquierda, contusión
mano izquierda).
VICTOR CHOQUE TACARI: 54 años (herida por arma de fuego muslo derecho).
DANIEL JUSTINIANOTERCERO: 20 años (trauma encefálico leve).
EDGAR PEÑA TOYABA: 39 años (herida por arma de fuego).
GUILLERMO HURTADO SOLIS: 31 años (herida contuso cortante región occipital).
EDGAR BALCAZAR: 57 años (contusión ojo izquierdo, equimosis peri orbitaria izquierda).
ALCIDES NACIMIENTO: 36 años (poli contuso).
JEUS LUCINDO NACIMIENTO: 24 años (poli contuso).
ANA AGUILERA ROGELIO: 70 años (síndrome de ansiedad secundaria).
GUIDO GONZALES VELASQUEZ: 58 años (poli contuso).
SILVERIO CAMPO TUNO: 34 años (herida con arma de fuego región interna pierna
derecha).
WILFREDO IRAGUA: 36 años (herida con arma de fuego).
WALTER FERNANDEZ: 55 años (herida con arma de fuego región anterior muslo
izquierdo).
CILIA FERNANDEZ ROCA: 30 años (síndrome de ansiedad secundaria).
FRANC MERCADO AGUILERA: 21 años (herida con arma de fuego región lateral y
posterior muslo derecho).
GUSTAVO FERNANDEZ: 33 años (herida con arma de fuego en la región abdominal).
MAXIMO PARI HUANCA: 63 años (herida contuso cortante región supra orbitaria
izquierda).
DIONISIO LOPEZ: 53 años (herida contuso cortante región frontal izquierda).
SEBASTIAN MAMANI MASANI: 25 años (herida con arma de fuego en abdomen, región
hipogástrica izquierda y región anterior pierna derecha, shock hemorrágico).
RAUL LUCAS PAJARITO: 19 años (poli contuso).
ROBERTO TERRAZAS VENTURA: 24 años (herida contuso cortante región parietal
izquierda).
GUILLERMO MANU RAMIREZ: 30 años (poli contuso).
DINO CESAR SORIA ELIAS: 20 años (herida cortante en el pabellón auricular izquierdo).
ALBERTO MORENO CABRAR: 34 años (poli contuso herida de do índice mano derecha).
YONAL CORDERO: 21 años (masculino)
ROLANDO MACUAPA COIMA: 41 años (herida con arma de fuego región anterior pierna
izquierda).
ROMULO NAVAL VASQUEZ: 17 años (herida con arma de fuego región anterior pierna
izquierda).
JEUS QUETEGUARI: 60años (herida por arma de fuego).
SERGIO ORDOÑES FARIÑA: 44 años (herida por arma de fuego en la región hombro
derecho).
NELSON RACUA MOLE: 48 años (herida por arma de fuego miembro superior derecho).
MARCO MENESO ROJAS: 27 años (herida punzo cortante glúteo derecho).
MERCEDES CHAO MANDA: 54 años (herida por arma de fuego en la región anterior e
inferior pierna derecha).
VALVITA CUANI IRINA: 48 años (poli contuso).
CLATIRZA CATY NAY: 37 años (deshidratación).
NESTOR DA SILVA RIVERO: 56 años (herida por arma de fuego (escopeta) en región de
músculo esquelético).
MIGUEL RACUA CHAU: 49 años (herida por arma de fuego en la región occisito parietal
derecho con exposición de masa encefálica).
LUIS CUELLLAR SÁNCHEZ: 50 años (herida penetrante por arma de fuego).
ADRIAN PEREZ CAMPOS: 32 años (poli contuso).
VICENTE ROCHA ROJAS: 35 años (herida contusa occisito parietal derecha).
WILFREDO IDAGUA ARDAYA: 36 años (herida por arma de fuego hombro izquierdo).
HUGO DURAN SALVATIERRA: 35 años (herida contusa temporo occipital).
PETER PORTILLO COFRE: 24 años (poli contuso).
JOSE CARLOS HUARI TABORGA: 23 años (herida contusa cortante en región parietal
izquierda, poli contuso).
VICTOR CHOQUE ZACARI: 41 años (herida por arma de fuego 1/3 proximal de muslo
derecho).
JULIO QUETEGUARI CRESPO: 61 años (herida penetrante por arma de fuego).
EDGAR VACA RAMIREZ: 32 años (herida contusa cortante en región parietal izquierda).
GUSTAVO FERNANDEZ LIMA: 33 años (herida por arma de fuego en flanco derecho).
SILVERIO CAMPOS TUNO: 34 años (herida por arma de fuego en región escapular
derecha).
JULIO GARCIA QUETEGUARI: 21 años (herida por arma de fuego en cara externa de
rodilla izquierda).
FRANZ FRANCO HURTADO: 38 años (poli contuso).
LADINO CARDOSO CORTES: 54 años (herida penetrante con arma de fuego en
hipocondrio derecho y dorso derecho).
RAFAEL SEGOVIA MOJICA: 54 años (herida penetrante por arma de fuego en
hipogastrio).
MANUEL FERNANDEZ CUELLAR: 67 años (poli contuso).
EDUARDO ZABALA LOPEZ: 38 años (poli contuso/ herida cortante en la cabeza).
WALTER FERNANDEZ DIDIBAY: 55 años (herida por arma de fuego en pierna izquierda)
MARIO RIOS LOPEZ: 47 años (contusión facial).
SEBASTIAN MAMANI MARZANA: 24 años (herida por arma de fuego en abdomen).
JUAN DE LA CRUZ CHAO DURI: 55 años (herida por arma de fuego en hemitórax
derecho posterior).
ERIBERTO LUCINDO NACIMIENTO: 42 años (poli contuso).
ABDITAN VARGAS LUCINDO: 19 años (herida arma de fuego mano derecha).
ABEL BELTRAN YABETA: 50 años (poli contuso, fractura 2 metacarpio mano izquierda).
JHONAS YOMAR CORDERO ALVES: 21 años (trauma abdominal penetrante por arma
de fuego).
AURELIO NACIMIENTO MIRANDE: 19 años (poli contuso).
BLADIMIR CALIPA MORALES: 20 años (fractura en tabique nasal).
GERSON RACUA MALE: 20 años (poli contuso, fractura en miembro inferior derecho).
MODESTA ESPINOSA MARIGUA: 51 años (poli contuso).
SERGIO ORDOÑEZ FARIAS: 40 años (herida por arma de fuego en hombro derecho).
OMAR BEYUMA AMUTARI: 24 años (herida por arma de fuego en 1/3 inferior de pierna
izquierda).
HUMBERTO NAVI CHAMBI: 24 años (herida por arma de fuego, fractura de fémur).
PAUL DIEGO ARROYO: 19 años (herida por arma de fuego en miembro inferior derecho
e izquierdo).
CLAUDIA MENDEZ: 36 años (herida por arma de fuego región posterior de pierna
izquierda).
SIMONE QUISPE: 18 años (herido por arma de fuego).
FEX KELLER CHAVEZ: 24 años (herido por arma de fuego).
SANDRO QUISPE MAMANI: 18 años (herido por arma de fuego en codo izquierdo).
WALTER NAJER RIOS: 18 años (herido en muslo derecho).
ARNOL N. SIRPA YAPU: 21 años (herido en la oreja).
ELENA SALVATIERRA BATTE: 18 años (herida por arma de fuego en glúteo).
ROLLER ORELLANA: (herido arma de fuego).
EDGAR VACA: (herido arma de fuego).
JULIO KETEGUARI: (herido arma de fuego).
NESTOR DA SILVA: (herido arma de fuego).
MARTINA: (herido arma de fuego).
EDGAR PEÑA: (herido arma de fuego).
RAFAEL SEGOVIA: (herido arma de fuego).
FRAN MERCADO: (herido arma de fuego).
HUGO DURAN
ADRIAN PEREZ: (golpeado)
RONALD MARADEY D.: (golpeado)
VICENTE ROCHA R
Secuestrados
FRANZ FRANCO H.
EDGAR BALCAZAR.
LUIS E. ZABALA L.
MANUEL FERNANDEZ.
ALFREDO CESPEDES.
GUILLERMO HURTADO S.
MARTINA PINTO.
DOUGLAS DOMINGUEZ.
ALINA VENTURA V.
Exilados en Brasil - Perseguidos políticos
Roger Hector Zabala Zeballos
Luz Silvana Hassen de Zavala
Nicole Silvana Zabala Hassen
Yhordan Alan Zabala Hassen
Roberto Ricardo Zabala Hassen
Luis Eduardo Zabala Lopez
Sandra Cristina Vieira da Silva
Kathleen Zabala Vieira
Luana Cristina Zabala Vieira
Luan Eduardo Zabala Vieira
Lara Maria Zabala Vieira
Franz Franco Hurtado
Cleyton Rodrigues Gomes
Hailing Von Boeck de Gomez
Fernanda Gomez Von Boeck
Dana Coralia Gomez Von Boeck
Luis Alberto Rojas Mogrovejo
Felicidad Quispe Cauco
Luis José Rojas Jimenes
Maria Cecília Rojas Jimenes
Abigail Rojas Quispe
Abraan Rojas Quispe
Elidio Arroyo Banegas
Paul Nego Arroyo Banegas
Renard Suarez Iriarte
Renard Ernesto Suarez Salinas
Yenny Ribera de Suarez
Jose Maria Suarez Ribera
Maria Jose Suarez Ribera
Javier Herrera Apuri
Julissa Anez Melena
Melanie Milagro Herrara Anez
Jesus Javier Herrera Anez
Celso Alexander Herrera Anez
Jhon Anderson Herrera Anez
Roberto Ervin Hurtado Gumucio
Sheila Minerva Almaraz Muller
Paula Alejandra Hurtado Alamraz
Almendra Sofia Hurtado Almaraz
Mario Juan Aguada Imanareco
Laura Vidal Matienzo
Jhocelin Fernandes Vidal
Rommy Paula Vidal Mendes
Mauricio Aguada Vidal
Gary Nelson Rivero Solares
Marailde Alves da Silva
Sara Magnolia Alves Rivero
David Arauz Guerra
Marilza Helena de Queiroz da Silva
Mayara Queiroz de Lima
Alaides Queiroz de Lima
Delcilene Martins do Nascimento
Edberto Mayna Silva (Beto)
Ahikito Franco Hurtado
Edgar Balcazar Velasco
Hiroshi Seyo Yarari
Lorenza Karina Nossa Bazan
Kenyiro Seyo Nossa
Sandro Hiroshi Seyo Nossa
Carlos Mao Soria Derzy
Francisco Rodriguez Burgos
Nela Pinero de Rodriguez
Henry Velasco Barbosa
Eliana Machado da Silva
Gabriela fernanda Valasco Machado
Jose fernando Veslasco Machado
Eduardo Segundo Miyashiro Mercado
Bismar Marupa Mendez
Liliana Bismarck Ayala
Luis Bernardo Marupa Bismarck
Nelly Paz Ojopi
Carmelo Agreda Paz
Baldomero Agreda Leigue
Adrian Agreda Paz
Jorge Delgadillo Pinto
Jose Delgadillo Arteaga
Douglas Dominguez rojas
Angel Arteaga Cosio
Helen hurtado Vaca
Maikol Arteaga Hurtado
Ana Aguilera de Lopez
Augusto Lopez Aguilera
Juan Roger Orellana Aguilera
Anair Vaca Pena
Gleily Sunny Orellana Vaca
Yeimilis Orellana Moriset
Ana Carla Moriset Nay
Gitana Landivar
Juan CarlosRossel
Alejandro Rossel Landivar
Nestor Francisco Rossel
Juan Carlos Rossel Landivar
Juan Marcos Heredia Cardenas
Romina Beatriz Flores Menacho
Nivia Sanjines Alvarado
Juan Enrique Heredia Menacho
Debora Menacho Telleria
Ronald Maradey
Ana Melena de Suzuki
Carlos Jose Suzuki de La Fuente
Orlando Suzuki Melena
Melanie Suzuki Melena
Enriqueta de la Fuente
Oscar Roberto Perez Rios
Brunilda Alpire Vaca
Gary Von Boeck Gomes
Liliana Sanchez Paz
Erik Von Boeck Sanchez
Gary Von Boeck Sanchez
Valentin Espinosa
Gladys Von Boeck Sanchez
Celso Peralta
Wilman Alpire Reyes
Jesus Chuqui Borobobo
Juana Endara Achiware
Urbano Zelada Gomes
Luis Pena Trigoso
Raimunda Salin de Brito
Nazarè Galvez Rodrigues
Merlin Sarita Maolo Galvez
Juan Manoel Rodrigues Norte
Isidoro Canizares Barrientes
Maria Esther Sobrino Gahona
Lola Cardozo Garzon
Vicente Rocha Rojas
santiago vaca roca
Walkyrya Franca Roca
Sebastiana Wany Franca Roca
Paula Andrea Saabedra dos Santos
Paul Saabedra dos santos
Arturo Saabedra Soliz
Verönica dos Santos Domingues
Yerko Marco Dubravcic Gonzales
Brandon Beltran Fernandes, 17 anos
Abel Beltran Yabeta
Abel Beltran ,9 años
Esteban lopez Sanchez
Erasmo Soria Suarez
Mirian Nakashima Nuñez
Mario Aguilera
Krupskaya Melgar
Aaron Aguilera M.
Diego Aguilera M
Capturados y confinados
Leopoldo Fernández
Hugo Apaza Salonero
Gualberto Paz Mugro
Felipe Brigabriel Villarroel
Gabriel Delgadillo Vargas
José Salinas Bazán
Rubén Franco Tuno
Mirtha Sosa del Chalar
Adhemar Herrera Guerra
Claudio Franco Égüez
Osvaldo Valdivia,
Néstor da Silva Rivero
Agapito Vira
Willam Misuko.
Violaciones al derecho a informar (Habeas Data)
El gobierno boliviano, a través de diversos mecanismos de presión, ha tratado de acallar a
los periodistas que se han atrevido a informar sobre los hechos acaecidos en Pando.
Entre ellos, se encuentran los siguientes:
Periodista Jorge Melgar (arriba mencionado)
Periodista Carlos Valverde (arriba mencionado)
Rudy Melgar, hijo de Jorge Melgar, quien acompañaba a su padre cuando filmó las
declaraciones de Juan Ramón Quintana
Periodista Centa Rek, quien ha sido hostigada y criminalizada públicamente. Funcionarios
gubernamentales presionan para impedir que continúe ejerciendo su profesión.
Jairo Vallejos, ex camarógrafo de Unitel en la provincia de Pando. Es un perseguido
político, que se le niega el derecho al trabajo, por haber divulgado imágenes de los
hechos acaecidos en Pando.
Emilio Martinez, escritor, quien ha sido hostigado y criminalizado públicamente, por
difundir versiones sobre los hechos de Pando que contradicen la versión oficial.
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