Hay que exigir amnistía política
Por: Manfredo Kempff Suárez*
El segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Nicolás Ribera, se ha manifestado expresando la necesidad de una amnistía política irrestricta, porque, dice, no es posible que la oposición, en desventaja por los encarcelamientos y las persecuciones del Gobierno no la exija. Si hasta los miembros del Poder Judicial están amenazados de cárcel si no obedecen a sus mandatos, si los medios informativos son apaleados diariamente, está claro que la amnistía general hay que pedirla.
En efecto, un proceso electoral libre, para elegir al Presidente, Vicepresidente y miembros del Parlamento, no se puede llevar a cabo si el control político gubernamental, mediante sus esbirros, está amenazando a los ciudadanos, si está acosando, si está espiando. Eso no se puede permitir en un Estado de Derecho, menos en plena etapa de elecciones.
El encarcelamiento de Leopoldo Fernández, candidato a la vicepresidencia en la fórmula que encabeza Manfred Reyes Villa, que tiene las mayores posibilidades de aguarle la fiesta al Movimiento al Socialismo (MAS), es algo inaudito. Es un abuso inconcebible que Fernández esté preso en San Pedro a lo largo de un año, sin juicio, por lo tanto sin pruebas contra él. Pero lo inconcebible es que, siendo candidato en democracia, no se le permita ni hablar con la prensa y mucho menos con el pueblo. ¿Qué Gobierno civilizado puede cometer semejante vejamen?
¿Qué se puede hacer para que durante el proceso electoral regresen a Pando quienes están exiliados en Brasil? ¿Y los que están encarcelados en La Paz y Viacha? Pando es un departamento invadido por el Gobierno, con un Prefecto militar de facto, donde la dirigencia cívica está a salto de mata, y su territorio ocupado militarmente. Pero, además, Pando está siendo ocupado por campesinos afines al partido oficialista, que llegan para votar y nada más. Decimos eso porque las condiciones de los indígenas quechuas y aymaras que han ido a las selvas amazónicas son deplorables. La mayoría están enfermos y algunos ya han desertado. Esto es, lisa y llanamente, un trasplante de personas que se traducirá en votos, con el único objetivo de ganar los comicios y obtener curules.
Santa Cruz está presa de las amenazas y de los secuestros. El Gobierno masista envía a sus jenízaros a rondar por las calles en vehículos fantasmas, oscuros y sin placas, en busca de sus presas. Por lo general, van detrás de dirigentes cívicos como es el caso de Branko Marinkovic y de jóvenes de la Unión Juvenil. Pero también de un fiscal que no quiere subordinarse a las órdenes del Ministro de Gobierno. El MAS continúa con su mal libreto de los terroristas balcánicos acribillados en un hotel cruceño y ahora ya no sabe cómo deshacerse de ese embrollo.
La amnistía política no es ninguna gracia especial, sino una necesidad cuando se entra en un proceso electoral. No pueden ser válidas unas elecciones con perseguidos, presos, y desterrados o exiliados. Los ciudadanos perseguidos por cometer delitos por motivaciones políticas o que sean conexos con la política, tienen que recuperar sus derechos civiles. No se va a amnistiar a quienes tienen sentencia ejecutoriada, a delincuentes comunes que hayan cometido delitos contra el patrimonio del Estado, o a narcotraficantes.
Desde el gobierno de facto del general Banzer, que amnistió a sus adversarios, no recordamos una sola elección presidencial en que no existiera una total libertad de participación para todos los bolivianos. Sólo este Gobierno, que se llena la boca con discursos pacifistas mientras da palo, continúa en su afán de amedrentar para ganar. ¡A menos de tres meses de los comicios! La gente debe reaccionar solidariamente y los padres o hijos de los perseguidos manifestarse públicamente.
Si el Comité Cívico cruceño adopta una actitud institucional sobre el particular, la situación del Gobierno no será muy cómoda, pero, además, se estará reclamando ecuanimidad y justicia en un momento preelectoral clave, donde los derechos ciudadanos no pueden estar conculcados.
